El abogado Oscar Romero, defensor de Guillermo Quiroga, se refirió al avance de la causa que investiga un presunto desvío de fondos en las cuentas del gremio ATE-Chubut y cuestionó la incorporación de nuevos querellantes. En diálogo con Radio 3, Romero confirmó que la investigación se encuentra próxima a finalizar su etapa preparatoria y que el expediente podría pasar pronto a la fase de acusación o juicio oral.
“Los afiliados no tienen legitimación como víctimas”
Romero explicó que el juzgado admitió recientemente la intervención de nueve querellantes, todos afiliados al gremio, algo que —según el abogado— resulta improcedente. “Nos opusimos porque el patrimonio supuestamente afectado es el de la asociación sindical, no de los afiliados en forma individual. Por ser afiliados nada más, no tienen un derecho patrimonial directo sobre los fondos del sindicato”, señaló.
Aclaró además que la figura del querellante no debe confundirse con la del denunciante: “Cualquier persona puede denunciar un delito de acción pública, pero eso no lo habilita a intervenir en el proceso penal. Para ser querellante hay que demostrar un perjuicio personal concreto”.
Romero sostuvo que la admisión de querellantes por la sola condición de afiliados abre la puerta a que “12.738 personas puedan intervenir en la causa, lo que sería absolutamente desmedido”.
“Hay un contexto político interno”
El abogado también hizo hincapié en el componente político que rodea la causa. Recordó que la denuncia fue presentada en julio de 2023 por Claudia Barrionuevo y otros tres afiliados, integrantes de una lista opositora que competía contra Quiroga en las elecciones gremiales. “Esto surgió en plena campaña interna, con hechos denunciados de 2019 a 2021. Desde el principio advertimos que había un contexto político detrás”, sostuvo.
Defensa de la gestión sindical
Romero justificó los movimientos de dinero investigados, señalando que las transferencias desde las cuentas del sindicato a cuentas personales de dirigentes eran una práctica habitual y amparada por el estatuto de ATE. “Los gastos por servicios gremiales, viáticos, movilidad o representación se solventan con fondos de la asociación. Las transferencias eran directas y transparentes, y no exclusivas de Quiroga y Simone: la propia denunciante Barrionuevo también recibió fondos”, afirmó.
Sobre las acusaciones que vinculan los supuestos desvíos con un “estilo de vida ostentoso” del dirigente, Romero fue categórico: “Quiroga no tiene casa propia, su vehículo tiene más de diez años, y no se ha probado ninguna adquisición de bienes de alto valor. No hay un solo indicio de enriquecimiento ilícito”.
Cuestionamientos al accionar judicial
El defensor insistió en que la justicia no debió haber intervenido directamente, ya que los sindicatos tienen un régimen especial de control. “La ley prohíbe la injerencia del Estado en la vida interna de las asociaciones sindicales, salvo causas justificadas. Las irregularidades deben primero tramitarse en el ámbito interno o ante el Ministerio de Trabajo, que es el órgano de contralor. Aquí se saltaron todos esos pasos”, argumentó.
Romero informó que esta postura fue planteada desde el inicio del proceso y que aún está pendiente una queja ante el Superior Tribunal de Justicia, aunque aclaró que la causa puede seguir su curso mientras tanto.
Próximas instancias
Según el abogado, la etapa de investigación concluirá en noviembre, momento en que la fiscalía y las querellas deberán decidir si formulan acusación formal o no. “Luego se definirá si la causa llega o no a juicio oral”, explicó.
Por último, Romero reiteró que su defendido mantiene su inocencia y confía en que el proceso demostrará que no hubo delito alguno: “Todo lo que se ha hecho está dentro de los parámetros legales y sindicales. Esta causa tiene más de política interna que de materia penal”.
