La concejal Andrea Rueda volvió a insistir en la necesidad de poner en marcha el mecanismo de presupuesto participativo para las juntas vecinales, una herramienta contemplada en la Carta Orgánica Municipal pero que aún no ha sido reglamentada ni aplicada en la ciudad.
Rueda recordó que ya el año pasado había presentado la iniciativa, aunque no logró llegar al recinto para su tratamiento. Ahora, en vísperas del ingreso del proyecto de presupuesto municipal 2026 —que, según explicó, suele presentarse entre fines de septiembre y principios de octubre—, considera clave avanzar en su implementación.
“Me parece que no se trata de una idea personal, sino de cumplir con lo que marca la Carta Orgánica. Y en este contexto de escasez de recursos, es un buen momento para establecer un fondo de presupuesto participativo que destine un porcentaje de las partidas de Obras Públicas a las asociaciones vecinales”, señaló.
La concejal explicó que el objetivo es que las propias asociaciones puedan presentar proyectos y decidir de forma democrática a qué iniciativas destinar esos fondos. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Obras Públicas, que tendría a su cargo la reglamentación del proceso, desde la presentación y evaluación de proyectos hasta su elección final.
“Nosotros, como cuerpo legislativo, podemos dar el marco normativo, pero es el Ejecutivo el que tiene que ejecutar. Si contamos con el acompañamiento de los concejales, el proyecto podría llegar al recinto. Soy optimista, aunque no sé si tendrá gran respaldo del oficialismo, espero que sí”, expresó.
Modalidad mixta de inversión para desarrollos urbanos
Por otro lado, Rueda se refirió a versiones que circularon en los últimos días sobre un posible proyecto que exigiría a los futuros desarrolladores privados destinar un 50% de su inversión a obras de infraestructura o servicios, en una modalidad mixta público-privada.
La concejal aclaró que la propuesta aún no llegó formalmente al Concejo Deliberante y que, en caso de hacerlo, deberá ser analizada por el Consejo de Planeamiento Urbano, del cual forma parte. “Allí están representados los principales actores del sector, como la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de la Construcción, CIMA, Servicop, el Colegio de Arquitectos y la propia Secretaría de Obras Públicas. Me parece fundamental que primero se discuta en ese ámbito”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que históricamente el Estado ha sido quien valoriza las tierras privadas mediante obras de infraestructura, y que es razonable debatir mecanismos que reconozcan ese aporte. Sin embargo, advirtió que cada vez que se intentó establecer una tasa a los desarrolladores inmobiliarios, hubo resistencia.
“El proyecto de circunvalación va a aumentar el valor de muchas tierras, pero hoy no tenemos cloacas ni ductos de agua. Está bien pensar en obras viales, pero también hay que garantizar los servicios básicos”, señaló.
Finalmente, Rueda consideró que es un momento propicio para discutir obras clave, como el bypass y la planta potabilizadora que reclama la Cooperativa Servicoop, ante la creciente demanda de agua en la ciudad. “Sin ese ducto no vamos a poder acompañar el crecimiento, y vamos a terminar pagando tasas millonarias. Es un buen momento para encarar estas discusiones de fondo”, concluyó.
