El Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó que el acceso a Bahía Cracker debe ser público y sin restricciones, en un fallo que sienta un precedente sobre el derecho de los ciudadanos a acceder a las costas de la provincia.
La resolución reafirma la vigencia de la Ley Provincial 1087, sancionada en 1975, que garantiza el acceso irrestricto a la costa, incluso atravesando caminos que se encuentren en propiedades privadas. La norma, que constituye una restricción histórica al dominio, obliga a la autoridad de aplicación —en este caso la Secretaría de Pesca— a garantizar el libre tránsito y a remover cualquier obstáculo, como cadenas o candados, que impida el paso.
El abogado Daniel Gómez Lozano, representante de clubes de pesca y de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn, explicó que el conflicto en Bahía Cracker comenzó cuando el acceso fue cerrado de manera conjunta por el propietario del campo y la provincia. Ante esta situación, las entidades presentaron una acción de amparo, que en primera instancia fue resuelta favorablemente por la jueza María Florencia Cordón, y ahora ratificada por el máximo tribunal con el voto del doctor Napolitani.
“El fallo es un golpe de nocaut a cualquier postura contraria. No se viola ningún derecho de propiedad porque la ley es anterior a la compra del campo”, remarcó Gómez Lozano.
El letrado recordó que, históricamente, la provincia contaba con mecanismos para garantizar estos accesos: “Antes, la Dirección de Pesca constataba si había una cadena, intimaba al propietario a retirarla, imponía multas y, de no cumplir, retiraba la cadena y cobraba el trabajo. Esa obligación ahora se renueva con fuerza legal y respaldo judicial”.
Más allá del caso puntual, Gómez Lozano advirtió que el cierre de accesos a la costa es un problema extendido en Chubut. Mencionó ejemplos como Punta Pardelas, cerrada hace tres gestiones, y varios tramos entre Puerto Madryn y Camarones donde el ingreso está restringido, pese a que algunos de estos caminos figuran como rutas provinciales.
También cuestionó la falta de acción del Ministerio de Turismo para poner en valor la costa y la escasa respuesta de la Defensoría del Pueblo, que en algunos casos recomendó la apertura de caminos sin que la autoridad competente actuara.
Con este fallo, Bahía Cracker queda habilitada al acceso público inmediato. Las organizaciones de pescadores planean elaborar un instructivo para que cualquier ciudadano que encuentre un obstáculo pueda documentarlo y denunciarlo oficialmente.
“Ahora la provincia está notificada. El fallo es claro: hay que garantizar el acceso a la costa y remover cualquier impedimento. Quien no cumpla puede ser denunciado por incumplimiento de funcionario público”, concluyó Gómez Lozano.
