El defensor público Miguel Moyano brindó detalles clave sobre las irregularidades procesales que, según su criterio, marcaron el juicio por los disturbios e incendio en la Casa de Gobierno del Chubut, ocurrido durante las protestas sociales de 2021. Moyano representa a uno de los imputados y ha impulsado una recusación contra la jueza del juicio, además de impugnar la sentencia dictada.
El origen del conflicto judicial
La causa se remonta a un pedido de suspensión del juicio a prueba concedido originalmente por la jueza María Laura Martini, que habilitaba alternativas como trabajos comunitarios, pagos en cuotas o entrega de alimentos por parte de los imputados. Sin embargo, esta decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó retomar el proceso.
Fue entonces cuando se llevó a cabo el juicio oral y público, presidido por la jueza Eve Ponce, cuyo desempeño quedó luego bajo la lupa por parte de la defensa.
Una omisión que desató la controversia
Durante la etapa de alegatos finales, el fiscal del caso omitió argumentar sobre el pedido de penas, es decir, no fundamentó por qué solicitaba determinada cantidad de años de prisión para los acusados. Según Moyano, esta omisión impide que el tribunal pueda aplicar una pena mayor al mínimo legal.
“La jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia indica que si no hay fundamentación, corresponde aplicar el mínimo de pena”, explicó Moyano.
La controversia se agravó cuando, tras haberse cerrado el debate, la jueza Ponce intentó permitirle a la Fiscalía subsanar esa omisión. Para la defensa, esto constituyó una violación al principio de imparcialidad judicial.
Recusación de la jueza y nulidad de la sentencia
Ante esta situación, Moyano presentó una recusación contra la jueza Ponce, la cual fue aceptada por un tribunal revisador, que coincidió en que la magistrada había “exorbitado sus funciones” al favorecer una parte del proceso, actitud prohibida en un juicio oral.
Paralelamente, la defensa impugnó toda la sentencia, argumentando que se había quebrado el debido proceso. Sin embargo, la Cámara Penal de Trelew, a cargo de revisar el recurso, determinó que la sentencia estaba incompleta: no incluía la pena, por lo tanto, no podía analizarse.
El expediente fue devuelto para que un nuevo juez subsane el fallo y complete la sentencia, lo que habilitaría nuevamente la instancia de apelación.
Estado actual y situación de los imputados
Mientras se resuelve este entramado judicial, los imputados no se encuentran detenidos. Moyano explicó que “la Fiscalía nunca pidió medidas de privación de libertad”. Solo dos de los acusados fueron detenidos preventivamente durante el juicio debido a reiteradas inasistencias a las audiencias.
Uno de los imputados falleció por suicidio, un hecho que en su momento generó una fuerte conmoción y puso en foco la presión judicial que soportaban los acusados.
“No es tecnicismo, es garantía”
“Esto no es un tecnicismo, es una cuestión de debido proceso y de garantías constitucionales”, remarcó Moyano. Y añadió: “El juez no puede hacerle el trabajo a ninguna de las partes. Tiene que ser un tercero imparcial, porque cualquiera de nosotros puede terminar un día del otro lado del mostrador”.
