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El Gobierno disolvió el INAFCI y cuestionó su rol: “Era una estructura para el clientelismo político”

El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 462/2025, la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), un organismo creado en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández con el objetivo de promover políticas públicas para el sector agropecuario más vulnerable. La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei, junto a los ministros Guillermo Francos, Luis Caputo y Mario Lugones.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Economía y coordinada por las áreas de Transformación del Estado y Producción. El Gobierno justificó la eliminación del instituto por considerarlo un ejemplo de “uso ineficiente y clientelar del Estado”.

Críticas a la gestión y funcionamiento del INAFCI

Según explicó el secretario de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el INAFCI representaba un “ejemplo grotesco de la captura del Estado por parte de la política”, afirmando que fue utilizado para “generar empleo público sin resultados reales ni transparencia”.

El organismo contaba con 930 empleados distribuidos en todo el país y destinaba el 85% de su presupuesto al pago de sueldos, según datos oficiales. Delegaciones sin personal, oficinas ocupadas sin contrato, agentes trabajando de manera remota sin control y gastos pagados por terceros sin respaldo legal son algunas de las irregularidades detectadas durante la intervención, que estuvo a cargo de la funcionaria Inés Liendo.

Además, se denunció que los programas del INAFCI no eran accesibles al público en general, sino que los beneficiarios eran seleccionados sin criterios técnicos y sin rendición de cuentas. En muchos casos, los fondos eran canalizados a través de intermediarios como municipios o cooperativas, sin seguimiento sobre su ejecución ni garantías de que los recursos llegaran a los destinatarios finales.

Un informe interno reveló también que la ley que dio origen al INAFCI preveía más de 30 estructuras paralelas —como un banco de tierras y un centro nacional de semillas—, muchas de las cuales no fueron implementadas o resultaron superpuestas y redundantes.

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