Norma Zurita, docente de Lago Puelo, rompió el silencio para describir una situación que, en sus propias palabras, es “insólita y desesperante”. Durante una entrevista radial, denunció que los vecinos de la Comarca Andina —que incluye localidades como Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén— están recibiendo facturas de electricidad con aumentos que oscilan entre el 300% y hasta el 700%, sin previo aviso, sin explicaciones claras, y con un servicio deficiente.
“En mi caso, pasé de pagar $166.000 en el bimestre anterior a recibir una factura de $527.000. Y no soy la única. Hay familias que directamente recibieron boletas de hasta un millón de pesos por bimestre. No hay manera de afrontar estos costos con un salario docente o de cualquier trabajador promedio”, relató Zurita con angustia.
El problema no es aislado: se repite en toda la región cordillerana, donde las condiciones climáticas extremas y las precariedades estructurales agravan aún más el cuadro. La mayoría de las familias afectadas señala un denominador común: el recorte de subsidios nacionales, que los reubicó automáticamente como “usuarios de categoría 1”, es decir, sin acceso a ningún beneficio tarifario.
Según explicó Zurita, esto ocurrió “de manera arbitraria, sin aviso previo ni posibilidad de reclamo efectivo”. Además, advirtió que los aumentos superan incluso los porcentajes oficiales que establece el gobierno nacional. “Hablamos con la Asociación de Defensa del Consumidor, y lo que nos explicaron es que, además del recorte de subsidios, se nos está cobrando el transporte de la energía, lo que dispara aún más los montos”, afirmó.
A esta crisis energética se suma una dramática cadena de consecuencias: la falta de gas en muchos hogares, los cortes constantes de luz que también interrumpen el suministro de agua —debido a que las cisternas funcionan con electricidad—, y el impacto económico de una temporada turística perdida a causa de los incendios forestales recientes.
“Estamos atravesando una situación insostenible. No hay buena calidad de vida, ni en salud, ni en educación, ni en lo cotidiano. Y a esto se le suma la incertidumbre de no saber cuánto va a llegar la próxima factura”, expresó Zurita.
La prestación del servicio eléctrico en la comarca está a cargo de la Dirección de Servicios Públicos del Chubut. Sin embargo, la mayoría de los reclamos se centra en las decisiones a nivel nacional que modificaron el esquema tarifario sin contemplar las particularidades geográficas, climáticas y económicas de regiones como la cordillera patagónica.
La comunidad se encuentra movilizada. Vecinos y organizaciones sociales están reuniendo firmas, solicitando audiencias y exigiendo que los concejos deliberantes acompañen los reclamos ante las autoridades provinciales y nacionales.
“Nos están empujando a una crisis social sin precedentes. Nadie puede vivir así, nadie puede pagar eso. Y lo peor es que, además de caro, el servicio es cada vez peor”, cerró Zurita.
