Marcelo Griffiths, expresidente de la entidad, quien consideró “una barbaridad institucional” el accionar del Ejecutivo municipal.
En declaraciones a medios locales, Griffiths cuestionó el modo en que se presentó el proyecto: “Es una decisión que ha tomado solamente el Poder Ejecutivo, sin consultar a la dirigencia cooperativa ni al universo de asociados, que somos los verdaderos propietarios del sistema”. Según el dirigente, el plan fue presentado “a oscuras, sin discusión pública y social”.
Un conflicto con múltiples frentes
El conflicto se intensificó en los últimos días con la reacción de trabajadores y referentes del cooperativismo que expresaron su descontento. Griffiths anticipó que la oposición al proyecto crecerá con el tiempo, ya que, afirma, “ha tocado demasiados intereses en la sociedad de Rawson”.
Para el exdirigente, la decisión del intendente surge de “una desesperación por no poder resolver cuestiones generales de la ciudad” y advirtió sobre los riesgos de prometer una mejora de los servicios públicos bajo una figura empresarial: “Le están mintiendo a la gente cuando dicen que con una sociedad anónima va a haber otra dinámica y más profesionalismo”.
En ese sentido, defendió la capacidad técnica de la actual cooperativa: “Hoy Rawson tiene capacidad de entrega de energía por 52 megavatios. Si el problema son los cortes, eso se resuelve con previsión, mantenimiento e inversión, no necesariamente cambiando la figura jurídica”.
El debate institucional
Consultado sobre el envío del proyecto al Concejo Deliberante, Griffiths no negó el rol del cuerpo legislativo, pero reclamó que primero se dé una discusión más amplia: “Hay marcos regulatorios nacionales, provinciales y locales para los servicios públicos. Este tema atraviesa a toda la sociedad, no se puede tratar como un trámite más. El proyecto debería ser retirado y devuelto al Ejecutivo para convocar a una discusión social real”.
Griffiths también advirtió sobre la situación interna de la cooperativa, actualmente intervenida, lo que –según él– limita su capacidad de defensa institucional: “La intervención impide que se pueda posicionar formalmente. Por eso la angustia de los trabajadores, que están en incertidumbre total”.
