Agustín De la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de la Industria Pesquera (CAPIP), dio a conocer las dificultades que atraviesa el sector y los desafíos que plantean los costos, la política pesquera y las negociaciones laborales.
Desde que se habilitó la temporada de pesca en aguas nacionales, la mayoría de los barcos permanecen amarrados en puerto. “Los costos operativos superan el 60% del costo laboral, y el precio que paga el mercado internacional por kilo de langostino no cubre estos gastos,” explicó De la Fuente. Según detalló, mientras en el mundo se paga alrededor de 5,50 dólares por kilo, el costo real para las empresas es de 6,50 dólares, generando una pérdida por kilo que hace inviable la actividad.
Esta situación ha generado un fuerte reclamo de los marineros, que enfrentan la falta de ingresos, y ha tensado las relaciones entre empresarios, sindicatos y autoridades nacionales.
Un punto clave en esta problemática es la prospección de pesca, un procedimiento obligatorio para evaluar el recurso antes de habilitar la temporada. Sin embargo, la convocatoria para esta prospección quedó desierta en varias ocasiones, y la expectativa es que la próxima convocatoria también lo hará. De la Fuente señaló que “más allá de que el recurso está saludable desde lo biológico, la cuestión de fondo es económica.”
Para abordar la crisis, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una mesa de diálogo entre sindicatos y cámaras empresarias. Esta reunión, prevista para el 29 de mayo, busca discutir modificaciones al convenio colectivo de trabajo vigente, que data de más de 20 años y que ya no se adapta a la realidad actual de la industria.
El dirigente pesquero reconoció la complejidad de las negociaciones. “Si la única forma de hacer viable la pesca es modificar el ítem producción, que impacta en los salarios, es lógico que los dirigentes sindicales se nieguen a avalar una baja salarial,” sostuvo. Esta tensión laboral representa otro obstáculo en la solución del conflicto.
La reciente reunión encabezada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a dirigentes del SOMU, en la Secretaría de Pesca de la Nación, refleja la preocupación política por la situación. No obstante, De la Fuente advirtió que la ausencia de la representación empresarial en esa mesa es un signo de la complejidad del conflicto, que requiere un diálogo equilibrado.
Respecto a las propuestas oficiales, como la reducción del Derecho Único de Exportación (DUE) y el impuesto a las ganancias, el presidente de CAPIP señaló que “aunque ayudarían, no alcanzan para revertir la crisis.” La clave está en modificar la matriz productiva y adecuar los convenios colectivos para que la pesca vuelva a ser rentable.
El sector enfrenta también una paradoja histórica: mientras hace 20 años se pescaban 40.000 toneladas en el Golfo San Jorge, hoy la producción supera las 200.000 toneladas anuales, incluyendo aguas nacionales y productos congelados. Pero ese crecimiento no se traduce en sustentabilidad económica para las empresas y los trabajadores.
