La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) se pronunció en forma categórica en contra de la fuerte suba de la tarifa de los servicios públicos en la ciudad de Puerto Madryn, aprobada el mes pasado por el Concejo Deliberante. El sector advierte que el desmedido incremento tendrá un notorio impacto en la estructura de costos de las plantas de procesamiento y, como consecuencia de ello, se verá “amenazada la sostenibilidad de miles de empleos y la viabilidad de la cadena productiva”.
En una nota dirigida al presidente de Servicoop, Esteban Abel; al presidente del Concejo Deliberante, Martín Ebene; y al intendente municipal, Gustavo Sastre, la cámara pesquera —con la firma de su presidente Agustín de la Fuente y del gerente Luis Gabriel Pérez— transmitió “nuestro enérgico y profundo rechazo al reciente aumento tarifario”.
“Desproporcionada e insensible”
“Entendemos la problemática de la deuda que Servicoop mantiene con Cammesa y la necesidad de asegurar la continuidad del suministro eléctrico. Sin embargo, consideramos que la decisión de trasladar un aumento del 19% a los usuarios, de manera escalonada pero significativa, resulta inoportuna, desproporcionada e insensible al contexto económico que atraviesa el sector industrial pesquero de nuestra ciudad y la comunidad en general”, consideró la CAPIP al advertir que se le suma presión a una actividad en crisis.
Pérdida de competitividad y rentabilidad
Las empresas, que desde hace tres años vienen planteando la necesidad de que se dicte la emergencia pesquera, sostienen que es inoportuna la suba del costo de los servicios públicos.
“Este incremento tarifario se suma a la ya pesada carga de costos que enfrenta nuestra actividad, incluyendo el atraso cambiario, la inflación en dólares, el aumento de los insumos básicos y la presión impositiva a nivel nacional y municipal”, cuestionaron.
CAPIP transmitió que “el aumento de los bienes y servicios que demanda el sector de manera muy superior a la variación del tipo de cambio del dólar exportación por efecto de la aplicación IPC y, en particular, el significativo incremento proporcional del costo laboral –personal embarcado– sobre el valor de exportación de los productos pesqueros, por solo citar algunas variables”, detallaron al brindar un panorama sobre la aguda crisis que atraviesa la industria.
En tanto, sostienen que “en un momento donde la competitividad y la rentabilidad de nuestras empresas se ven seriamente comprometidas, un aumento de esta magnitud en un servicio esencial como la energía eléctrica impacta directamente en nuestra estructura de costos, amenazando la sostenibilidad de miles de empleos y la viabilidad de la cadena productiva”, alegan sobre las consecuencias que provocará una medida de estas características.
Motor de la economía local y provincial
En este contexto, explicaron que la industria pesquera de Puerto Madryn “es un motor fundamental de la economía local y provincial, generando divisas, empleo y valor agregado a partir de un recurso natural renovable. Un aumento tarifario de esta naturaleza no solo afecta la rentabilidad de nuestras empresas, sino que también pone en riesgo la competitividad de nuestros productos a nivel nacional e internacional, con las consecuentes implicancias para el desarrollo económico de nuestra comunidad”.
“Consideramos que antes de trasladar este impacto a los usuarios, se deberían haber explorado alternativas más equitativas y eficientes para abordar la deuda con Cammesa, buscando soluciones que no recaigan de manera tan significativa sobre el sector productivo y los ciudadanos”, señalaron
