El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció la eliminación de 13 programas nacionales vinculados a políticas de género, diversidad y derechos sociales, entre los cuales se encontraba el programa “MenstruAR”, dedicado a promover el acceso equitativo a productos de gestión menstrual.
Según explicó Cúneo Libarona a través de sus redes sociales, los programas eliminados fueron creados durante gestiones anteriores y calificó su continuidad como parte de “una estructura ideológica financiada por todos los argentinos”. El ministro afirmó que con esta medida el Estado se ahorrará aproximadamente 6.000 millones de pesos anuales.
Entre los programas discontinuados se encontraban:
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MenstruAR
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Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad
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Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad
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Escuelas populares de formación ‘Macachas y Remedios’
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‘Sembrar Igualdad’
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Acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero
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Dispositivos territoriales para víctimas de violencia de género
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Participación ciudadana en género y diversidad
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Igualar (políticas de igualdad laboral)
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Asistencia ante violencias extremas por motivos de género
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Formar Igualdad (capacitación para el sector privado)
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Producir
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Generar
Desde el Gobierno sostienen que la decisión responde a una política de austeridad fiscal y reorientación del gasto público hacia áreas que consideran prioritarias, como la asistencia directa a la niñez y los adultos mayores. “No vamos a financiar estructuras ideológicas que no tienen impacto real sobre los sectores más vulnerables”, expresaron fuentes del Ministerio.
Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte debate político y social. Diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+ alertaron sobre el retroceso que implicaría el cierre de estos programas, especialmente en contextos donde persisten altos índices de violencia por motivos de género.
En tanto, sectores oficialistas insisten en que las medidas apuntan a una “desburocratización” del Estado y aseguran que las políticas de protección a las víctimas seguirán existiendo, pero bajo una lógica “más eficiente y transparente”.
La eliminación de los programas se inscribe en el marco de una reestructuración más amplia impulsada por el Gobierno Nacional, que ha apuntado a revisar numerosas áreas del gasto público, en línea con sus compromisos de ajuste y equilibrio fiscal.
