Por primera vez desde su designación, el interventor de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Juan Manuel Ibáñez, brindó un extenso testimonio público para detallar la crítica situación que atraviesa la entidad.
Una cooperativa en emergencia financiera
Ibáñez asumió el cargo por disposición del Juez Federal Sastre y, desde su llegada, encabezó un exhaustivo relevamiento económico, legal y operativo. El diagnóstico es preocupante: la cooperativa presenta un déficit mensual corriente crónico, es decir, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos de funcionamiento, lo que genera un efecto acumulativo de deuda mes a mes.
“El rojo operativo implica que lo que se recauda no alcanza para prestar el servicio”, explicó. La principal causa de este desbalance es la deuda acumulada por la compra de energía a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que la cooperativa dejó de pagar hace aproximadamente ocho o nueve años. Además, mantiene obligaciones impagas con la Provincia del Chubut y el Municipio de Rawson, incluyendo tributos y tasas por el uso del espacio aéreo.
Deudas cruzadas y un conflicto irresuelto con Dolavon
Uno de los principales focos del conflicto es la situación con la Cooperativa de Dolavon, que históricamente no paga por la energía que recibe a través de la infraestructura de Rawson. Según Ibáñez, el 17% de la demanda energética de la cooperativa de Rawson corresponde a los consumos de Dolavon. Este hecho, judicializado durante más de 10 años, volvió a fojas cero por un error procesal: no se realizó la mediación obligatoria que debió ser el primer paso antes del litigio judicial.
El interventor detalló que, desde el inicio de su gestión, se activó formalmente ese proceso de mediación con la Federación de Cooperativas, cumpliendo con el requisito judicial para eventualmente reabrir el reclamo por la vía judicial. Mientras tanto, mantuvo reuniones con autoridades municipales y con representantes de Dolavon para intentar llegar a un acuerdo. Dolavon, por su parte, habría expresado la intención de comenzar a pagar la facturación corriente, saldar parte de la deuda histórica y avanzar en un proceso de autonomía del sistema de Rawson.
No obstante, Ibáñez reconoció el escepticismo de parte de la comunidad: “Muchas personas me dicen que no tienen incentivos para desconectarse porque no pagan nada. Esa es una realidad que no podemos negar. Pero la situación hoy es crítica, y si no colaboran, podrían perjudicar su propio abastecimiento”.
Facturación mínima, tarifas insostenibles
Uno de los aspectos más sensibles que Ibáñez abordó fue el bajísimo nivel tarifario que rige en Rawson. Según explicó, el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente que define los ingresos por operar la red eléctrica, es de apenas 6 pesos por kilowatt/hora, lo que calificó como el más bajo del país y hasta 7 u 8 veces inferior al de otras cooperativas de Chubut.
En agua potable, la mayoría de los usuarios paga $2.400 mensuales, mientras que el servicio de cloacas ronda los $1.700. “Con esos ingresos no se puede garantizar calidad, eficiencia ni seguridad. No pasa el filtro de la razón”, sostuvo el interventor.
Servicios costosos y usuarios que no pagan
Otro problema estructural es la provisión de agua en barrios como el Ex IAT y Chacra 8, donde la cooperativa debe trasladar agua en camiones a cientos de lotes. Estos servicios —muchos de ellos brindados a barrios usurpados— implican un gasto significativo para una cooperativa que ya está financieramente comprometida. “La mayoría de los usuarios de esos sectores no abona ninguna factura. Pero la cooperativa no puede dejar de brindar el servicio”, lamentó.
Relación con CAMMESA: años de deuda y riesgo sistémico
La deuda con CAMMESA representa una de las cargas más pesadas. Desde hace casi una década no se abona la factura corriente, una estrategia que inicialmente sirvió para evitar aumentos tarifarios, pero que con el tiempo se volvió insostenible. “En un principio sirvió como colchón, pero hoy los gastos propios de la cooperativa superan incluso ese monto”, afirmó Ibáñez.
Una gestión técnica bajo presión judicial
El interventor también se refirió a los escándalos previos que rodearon a la conducción de la cooperativa, incluyendo la renuncia del gerente anterior en medio de denuncias por tráfico de influencias. Afirmó que la intervención judicial impone límites estrictos de tiempo y gestión, lo que impide confiar únicamente en promesas informales.
“No tenemos tiempo para confiar solo en promesas. Hacemos las gestiones informales, pero en paralelo iniciamos todos los pasos legales formales”, dijo Ibáñez, quien también anticipó que podrían existir reclamos contra los estudios jurídicos que llevaron adelante la fallida demanda judicial por la deuda de Dolavon, luego de que la Cámara confirmara errores en el proceso.
Perspectivas: ¿hay salida?
Pese al panorama sombrío, Ibáñez se mostró comprometido con sanear la cooperativa y garantizar la prestación de los servicios esenciales. “Tenemos empleados comprometidos y capacitados, pero la situación estructural es crítica”, sentenció.
El desafío inmediato es múltiple: alcanzar un acuerdo o reactivar el juicio contra Dolavon, gestionar mejoras tarifarias sin afectar gravemente a los usuarios, y recomponer la confianza institucional tras años de mala administración.
