A partir de mayo, los senadores nacionales comenzarán a percibir una dieta bruta cercana a los 9,1 millones de pesos mensuales, lo que equivale a 23 veces el salario mínimo vital y móvil vigente en abril ($296.832) y más de 18 veces la jubilación mínima con bono. La cifra ha generado un fuerte malestar social y críticas dentro del propio ámbito legislativo.
El aumento se da tras el vencimiento del congelamiento de dietas que regía desde agosto del año pasado y que había sido prorrogado en enero por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Sin embargo, la medida dejó de tener efecto el 31 de marzo, sin que se impulsaran nuevas acciones para extenderla o debatir el tema en el recinto.
A pesar de que el asunto fue evitado en las comisiones y sesiones formales, los efectos de las paritarias del personal legislativo terminaron impactando de lleno en los ingresos de los senadores. La Asociación del Personal Legislativo (APL), dirigida por Norberto Di Próspero, logró un incremento salarial del 2,7% para enero y febrero, lo que elevó el valor del módulo legislativo de $2225,25 a $2285.
Cada senador percibe su salario en función de un esquema de módulos: 2500 por dieta, 1000 por desarraigo y 500 por representación, lo que suma 4000 módulos. Con el nuevo valor actualizado, el salario bruto asciende a $9.140.000, mientras que en mano quedarán alrededor de $7 millones, tras los descuentos correspondientes.
El contraste es notorio con respecto a otros ingresos del país. Además de superar ampliamente el salario mínimo y la jubilación mínima con bono, la dieta de los senadores es un 60% superior a la que recibirán los diputados nacionales, quienes pasarán a cobrar cerca de $5,7 millones brutos.
El silencio de los legisladores sobre el tema ha sido una constante. Aunque algunos manifestaron su descontento de manera informal, no hubo un debate público ni institucional sobre la conveniencia o legitimidad de semejante aumento en un contexto económico crítico para gran parte de la población.
Este nuevo capítulo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los privilegios de la clase política, en un momento donde miles de argentinos enfrentan dificultades para llegar a fin de mes y la austeridad se exige desde múltiples sectores sociales.
