En un fallo que podría sentar un precedente de gran relevancia para el universo de los jubilados, la Cámara Federal de Mar del Plata declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad previsional vigente desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2024. El tribunal ordenó el reajuste de haberes por inflación para ese período, lo que implica una diferencia cercana al 50% en favor de los beneficiarios que no recibieron bonos compensatorios.
El fallo responde a una demanda individual, y no es de aplicación general. Así lo aclaró Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con este medio: “En Argentina no existe la acción de clase, por lo tanto los efectos del fallo solo alcanzan al jubilado que inició el juicio”. No obstante, la decisión judicial pone en tela de juicio la legalidad de la fórmula de movilidad aplicada en los últimos años, en especial por no contemplar una cláusula de actualización automática por inflación, una característica esencial en un país con inflación crónica como Argentina.
Semino, también presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, fue categórico: “La fórmula provocó una pérdida superior al 50% en los haberes jubilatorios, especialmente en aquellos que no recibieron bonos. El bono, además, es un mecanismo absolutamente irregular: es un pago en negro que distorsiona el sistema previsional”.
La fórmula en cuestión fue sancionada en diciembre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, y establecía aumentos trimestrales basados en la evolución de los salarios y la recaudación de la ANSES, pero sin ajuste directo por inflación. Según datos aportados por Semino, la inflación acumulada en 2023 superó el 200%, mientras que los aumentos jubilatorios apenas rondaron el 140% con bono y el 110% sin bono. La pérdida frente al costo de vida fue brutal.
“El jubilado siempre termina siendo la variable de ajuste del sistema político argentino, sin importar el signo del gobierno de turno”, sentenció el defensor, al tiempo que recordó que las pérdidas del poder adquisitivo de las jubilaciones no comenzaron en 2020, sino que se arrastran desde 2013, con puntos críticos en 2017, 2018 y 2019.
El fallo de Mar del Plata se suma a otros de distintas cámaras federales del país que también fueron apelados por la ANSES y cuya resolución final está en manos de la Corte Suprema. Sin embargo, Semino advirtió que el máximo tribunal “tiene un destino incierto”, dado que muchas causas de jubilados llevan años sin resolución definitiva.
Durante la entrevista, Semino también criticó duramente las reformas parciales y las medidas coyunturales, como la propuesta de aumentar la edad jubilatoria: “Eso no resuelve nada. Solo desplaza el problema. Si se amplía la edad jubilatoria a 70 años, los jóvenes quedarán fuera del mercado laboral formal. Es un disparate pensar que eso soluciona el déficit del sistema”.
En su opinión, la solución no pasa únicamente por reformas estructurales sino por medidas urgentes: “Hoy el jubilado no puede comprar medicamentos ni comer. Hay que dejar de hacer discursos y poner plata del presupuesto para garantizar lo básico: salud, alimentos y vivienda”.
Finalmente, Semino remarcó la contradicción política que atraviesa al tema jubilatorio: “Muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras por los jubilados fueron quienes votaron la ley que ahora fue declarada inconstitucional. El ajuste a costa de los adultos mayores es una constante histórica que compromete a todos los sectores del arco político”.
¿Qué sigue?
Por ahora, el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata representa un alivio para el jubilado que inició el juicio, pero no cambia la realidad para los millones de beneficiarios del sistema previsional. Mientras tanto, la litigiosidad sigue creciendo y el debate sobre cómo reparar años de deterioro previsional continúa sin respuestas concretas.
