La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió suspender los artículos del DNU 70/2023 que habilitaban la venta de medicamentos fuera del ámbito exclusivo de las farmacias. El fallo, de 42 páginas, fue celebrado por el sector farmacéutico, que desde el primer momento cuestionó duramente la medida por considerar que desprotegía a la población y degradaba la profesión.
Eduardo Molina, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, explicó que el DNU “cambiaba el paradigma del medicamento como bien social para transformarlo en un simple bien comercial”. Según detalló en diálogo con este medio, los artículos en cuestión (del 313 al 323 del DNU) permitían, entre otras cosas, que los medicamentos de venta libre se ofrecieran en kioscos, góndolas o cualquier tipo de comercio, incluso sin supervisión profesional.
“Se pretendía que 50 farmacias funcionen con un solo farmacéutico, lo cual es completamente inadmisible desde el punto de vista sanitario”, sostuvo Molina. Y agregó: “Nosotros somos profesionales universitarios, con más de cinco años de formación. No se puede equiparar nuestra tarea con la de alguien que no tiene ningún tipo de capacitación”.
Impacto desigual según la jurisdicción
Molina recordó que no todas las provincias se vieron igualmente afectadas por el DNU. “En Chubut, por ejemplo, no tuvo impacto porque contamos con ley de farmacia. Pero en jurisdicciones como CABA, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Neuquén, donde no hay legislación específica, sí se empezó a ver la venta de medicamentos en lugares no habilitados”, explicó.
Incluso, reconoció que algunos laboratorios comenzaron a comercializar por fuera del canal tradicional. Sin embargo, tras el fallo judicial, “varios se retrotrajeron inmediatamente”.
Medicamentos, precios y caída en el consumo
Consultado sobre la evolución de los precios, Molina fue categórico: “Las farmacias no somos formadoras de precios. Eso depende de los laboratorios”. Indicó que desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024 los medicamentos aumentaron cerca de un 150%, aunque luego la suba se moderó, siguiendo la inflación.
No obstante, advirtió que la mayor preocupación del sector pasa por la baja en el consumo. “Muchos medicamentos dejaron de tener cobertura de obra social al pasar de receta a venta libre. Un jubilado ya no puede costear un medicamento de $4.000 o $5.000 que antes recibía sin cargo. Y eso tiene consecuencias sanitarias graves”, subrayó.
El caso de los inhibidores de bomba de protones —como el omeprazol o pantoprazol— es paradigmático: al no tener más cobertura, muchas personas los dejaron de tomar, a pesar de que cumplían una función clave en la protección gástrica frente a otros tratamientos.
Un fallo clave para el modelo sanitario
Finalmente, Molina valoró el fallo como “muy positivo”, y recordó que hay antecedentes similares, como el caso Farmacity, donde la Corte Suprema también defendió la regulación sanitaria por sobre la lógica del mercado.
“Las farmacias no son comercios comunes. Son establecimientos de salud. Somos un servicio público impropio y cumplimos una función irremplazable”, concluyó.
