La sesión ordinaria Nº 932 del Concejo Deliberante de Trelew se convirtió en un escenario de duras denuncias y reclamos ciudadanos, tras habilitarse el uso de la Banca del Vecino. En una jornada marcada por la indignación y la exigencia de transparencia, tres vecinos tomaron la palabra para visibilizar distintas problemáticas que afectan a la ciudad.
Uno de los momentos más contundentes fue protagonizado por Federico Massoni, quien centró su exposición en la situación crítica que atraviesa la Cooperativa Eléctrica de Trelew, la única prestadora de servicios públicos esenciales en la ciudad. En una intervención de casi veinte minutos, Massoni denunció con nombre y apellido a funcionarios, sindicalistas y hasta jueces federales, acusándolos de ser parte de una “red de complicidades, privilegios heredables y corrupción institucionalizada”.
“El ciudadano común paga tarifas impagables mientras una casta intocable se llena los bolsillos”, expresó con firmeza, señalando al convenio colectivo 625-2011 del gremio Luz y Fuerza como el núcleo de un sistema insostenible. Según explicó, el convenio otorga beneficios que calificó de “obscenos” e “irracionales”, incluyendo sueldos millonarios, privilegios extendidos a familiares, y aportes obligatorios incluso para quienes no están afiliados.
Massoni acusó al intendente Gerardo Merino de ser “parte funcional del saqueo” por avalar aumentos tarifarios sin auditorías, y apuntó contra el Concejo por aprobar medidas sin leer los convenios. También cuestionó al juez federal Hugo Sastre, quien autorizó la designación como interventor un exfuncionario procesado por corrupción. Según Massoni, este interventor habría favorecido al sindicato con nuevas concesiones salariales y contratos a familiares.
“La intervención no es una solución, es la continuidad del problema”, afirmó, denunciando una “privatización encubierta del Estado a manos de una corporación sindical”.
La presentación incluyó además un llamado a la acción concreta, con propuestas como la suspensión inmediata del convenio colectivo, auditorías externas, legislación contra los privilegios hereditarios, y la remoción del interventor actual.
Durante un encendido discurso de casi 20 minutos, Massoni aseguró que la Cooperativa Eléctrica de Trelew funciona como una estructura paralela de poder, donde un “sindicalismo millonario y una dirigencia política cómplice” habrían institucionalizado un esquema de beneficios obscenos, nepotismo y manejos opacos de fondos públicos.
“Vengo a hablar en nombre de quienes no tienen sindicatos, ni pauta, ni padrinos políticos. Hablo por el ciudadano común, el que sufre los aumentos, los cortes y ve cómo la ciudad se cae a pedazos mientras otros se llenan los bolsillos”, lanzó Massoni al iniciar su exposición.
Un convenio “heredable, abusivo y destructivo”
El centro de sus críticas fue el Convenio Colectivo 625/2011 del sindicato Luz y Fuerza, al que calificó como “una estructura legalizada de despojo”. Según detalló, el acuerdo establece beneficios que van desde salarios adicionales, bonificaciones extraordinarias y aportes sindicales obligatorios, hasta privilegios que se extienden a familiares de trabajadores fallecidos.
“Este convenio no defiende al trabajador, garantiza privilegios hereditarios a una casta intocable. Es económicamente insostenible y jurídicamente inaceptable”, aseguró.
Entre los beneficios que mencionó se incluyen:
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Un adicional del salario mínimo vital y móvil todos los años
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17,65% extra por no recibir refrigerio
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30% del sueldo por hijo en edad de guardería
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Becas escolares del 80% del salario
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Hasta 20 sueldos al momento del retiro
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Cobertura total de servicios para jubilados y familiares
Acusaciones con nombre y apellido
Massoni no evitó apuntar directamente a funcionarios actuales, entre ellos el intendente Gerardo Merino, a quien acusó de ser “parte funcional del sistema”, de aprobar aumentos tarifarios sin auditar los costos reales del convenio, y de avalar el poder sindical a cambio de silencio político.
También se refirió al concejal Martín Luna, y denunció que algunos ediles votaron sin siquiera haber leído el convenio.
“Lo paga la familia que no puede calefaccionarse, el comerciante fundido, el jubilado que cobra menos de 500 mil pesos y destina más de la mitad a pagar una tarifa que financia sueldos sindicales de 5 o 6 millones”, señaló.
Entre gritos e interrupciones, también apuntó al concejal denunciado por robo de energía, y cuestionó que no se le haya iniciado juicio político: “¿Será que no les molesta estar al lado de alguien que delinque?”, preguntó.
Nepotismo y encubrimiento judicial
Massoni también apuntó contra el interventor designado en el marco de la crisis de la cooperativa, a quien acusó de haber sido procesado por corrupción en Río Negro y de contratar a su propio hijo como nexo con una consultora que audita a la cooperativa.
Pero el núcleo más duro de su denuncia fue contra el juez federal Hugo Sastre, a quien responsabilizó por “avalar con su firma” una designación “viciada y repulsiva”, sin verificar incompatibilidades ni antecedentes.
“El segundo acreedor más grande de la cooperativa es el propio sindicato. El mismo que la fundió, ahora es el primero en cobrar”, enfatizó.
Propuestas y exigencias
Además de la denuncia, Massoni propuso una serie de medidas urgentes:
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Suspensión judicial inmediata del convenio colectivo 625/11
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Remoción del interventor Gordillo por pérdida de confianza pública
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Auditoría integral de todos los fondos sindicales vinculados al convenio
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Reforma legislativa que impida cláusulas hereditarias y extralaborales en servicios públicos
“El tiempo de los pactos oscuros se terminó. El pueblo no quiere más discursos: quiere decisiones. Yo ya elegí de qué lado estar. Espero que ustedes también lo hagan.”
El discurso fue transmitido en vivo y generó fuerte repercusión en redes sociales y medios locales. Algunos ediles intentaron interrumpirlo durante la exposición, mientras vecinos presentes aplaudían sus declaraciones.
La sesión, que comenzó con un cuarto intermedio y se reanudó cerca del mediodía, dejó en evidencia el creciente malestar social frente a los servicios públicos y la necesidad de una urgente revisión institucional. El impacto de las denuncias generó repercusiones inmediatas tanto dentro como fuera del recinto, y se espera que en las próximas sesiones el Concejo tome una postura frente a los planteos.
