El Gobierno nacional decidió vetar la ley que declaraba la emergencia pediátrica, una normativa aprobada recientemente por el Congreso con amplio respaldo y que buscaba atender la grave crisis que atraviesa el sistema de salud infantil en Argentina. La medida generó una fuerte reacción de rechazo por parte de sindicatos y sectores de la salud, que convocan a un paro y a una marcha masiva en defensa de la salud pública.
La ley vetada contemplaba medidas urgentes para garantizar la atención adecuada de niños y adolescentes en hospitales y centros de salud pediátricos. Entre sus puntos principales, se destacaban la asignación prioritaria de recursos para la compra de insumos, medicamentos, vacunas y el mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
Además, la normativa establecía un aumento inmediato para todo el personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, incluyendo a los residentes, con el objetivo de recomponer el salario real a valores no inferiores a noviembre de 2023. También eximía del pago del Impuesto a las Ganancias a trabajadores de salud por horas extras y actividades críticas, y habilitaba procedimientos de excepción para la adquisición rápida de insumos.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, denunciaron que la falta de estas medidas agrava aún más la situación de los centros pediátricos, que ya se encuentran saturados y con recursos insuficientes para cubrir la demanda. Criticaron duramente la decisión del Ejecutivo, señalando que “priorizan la timba financiera por sobre la salud de los niños y niñas argentinos”, mientras la fuga de capitales continúa.
El veto, según el oficialismo, responde a la necesidad de cuidar el equilibrio fiscal, una explicación que para los sectores de la salud resulta insuficiente y muestra una insensibilidad frente a la emergencia pediátrica.
La ley fue aprobada en el Senado hace dos semanas con 62 votos a favor y ocho en contra. Ahora será el turno de la Cámara de Diputados para definir si rechaza nuevamente el veto presidencial.
