La iniciativa propone limitar las comisiones inmobiliarias al 4% del primer año del contrato, un porcentaje que deberá asumir exclusivamente el propietario del inmueble. Además, establece que el impuesto de sellos se comparta equitativamente entre inquilino y propietario. Otro punto es la obligación de las inmobiliarias a informar de manera clara y accesible los derechos de las personas que alquilan, así como la aplicación de sanciones severas a quienes intenten cobrar comisiones o gastos adicionales fuera del marco legal.
Pamela Demes, referente del Sindicato de Inquilinos de Puerto Madryn, explicó que esta propuesta es un paso fundamental para corregir la desigualdad que sufren las familias arrendatarias en la ciudad. “Actualmente muchas inmobiliarias incumplen la ley vigente y cobran el 100% de la comisión a los inquilinos, lo cual es desproporcionado y dificulta el acceso a la vivienda”, señaló.
Demes también destacó que el proyecto surge en respuesta a una problemática que no solo implica sobrecostos económicos, sino también situaciones de informalidad y vulnerabilidad habitacional. “Hay muchas familias que viven en condiciones precarias, alquilando locales comerciales o espacios inadecuados, y enfrentan hostigamiento y desalojos arbitrarios”, alertó.
El proyecto, que estaba previsto para tratarse en la sesión legislativa reciente, no fue abordado. Desde el Sindicato de Inquilinos llaman a los legisladores a apoyar la iniciativa y a cumplir con su rol de fiscalizar que las normativas se apliquen de manera efectiva.
