La Fiscalía abrió una investigación contra Sandra Beatriz Garbarino por actos de crueldad animal. Los animales fueron entregados en guarda judicial a voluntarios de la asociación APAM.
La Justicia de Puerto Madryn inició formalmente una causa penal contra Sandra Beatriz Garbarino, imputada por maltrato animal tras el rescate de 55 perros que vivían en condiciones de hacinamiento en su domicilio. La mujer fue notificada de la investigación durante una audiencia realizada este lunes, en la que la jueza penal Marinés Bartels resolvió además que los animales sean reconocidos como sujetos de derecho.
Los perros, en su mayoría de raza dachshund (salchicha), fueron retirados del domicilio y trasladados inicialmente a Zoonosis, pero ahora están siendo entregados en guarda judicial a voluntarios de la asociación APAM, organización con personería jurídica que colaborará en su cuidado mientras avanza la causa.
“No se trata de una adopción, sino de una guarda judicial. Los animales están bajo tutela del Estado hasta que se resuelva su situación legal”, explicó la funcionaria de Fiscalía, Cecilia Pistará.
La imputación a Garbarino se enmarca en el artículo 3°, inciso 7° de la Ley 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales. Según detalló Pistará, las condiciones en las que se encontraban los perros generaban serios riesgos para su salud física y emocional, producto del hacinamiento extremo.
Seis meses de investigación
La causa se encuentra en la etapa inicial. A partir de la apertura formal de la investigación, la Fiscalía cuenta con seis meses para recolectar pruebas y determinar si formula acusación formal. Hasta el momento, Garbarino es la única persona imputada, ya que figura como la propietaria del domicilio donde se hallaron los animales.
En relación a un posible tráfico ilegal o red de cría clandestina, Pistará aclaró que no se han encontrado indicios de esas características en este caso, aunque se investiga el vínculo de la imputada con centros veterinarios de la ciudad, con los que habría mantenido contacto regular.
Modificación de la ley y protección animal
El caso volvió a poner en debate el carácter limitado de las penas previstas en la Ley 14.346, cuya condena máxima es de un año de prisión, algo que diversos sectores vienen cuestionando y que ha motivado campañas para modificar la legislación a nivel nacional.
Mientras tanto, los perros permanecerán bajo el cuidado de APAM en carácter de familias de acogida, y no podrán ser dados en adopción definitiva hasta tanto haya una resolución judicial firme.
“Hay adultos, hay cachorros, hay diferentes razas. Todos ellos necesitan atención y contención. Las personas interesadas en colaborar podrán inscribirse más adelante, cuando se abra el registro correspondiente”, indicó Pistará.
