La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) expresó su rechazo al proyecto legislativo que propone establecer un “aporte en especie” de un kilo de langostino por cada cajón descargado por las empresas pesqueras que operan en Chubut. La iniciativa busca conformar un fondo denominado REPROCH, pero desde el sector privado aseguran que la medida representa un nuevo impuesto encubierto que pondría en jaque la sostenibilidad de la actividad.
Según CAPIP, el proyecto no solo resulta inoportuno, sino también injustificado. “El sector atraviesa una coyuntura crítica, con precios internacionales en baja, caída de la demanda y costos operativos crecientes. Imponer una carga adicional en este contexto compromete seriamente el inicio y desarrollo de la temporada pesquera”, advirtió la entidad que representa a las principales plantas industriales de la región.
Un sistema ya sobrecargado
El reclamo de la industria se sustenta en el complejo esquema tributario y tarifario que ya enfrenta la actividad pesquera en Chubut. Entre los principales costos figuran:
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Impuestos provinciales, como el de Ingresos Brutos, que grava la captura al 0,75%, el procesamiento industrial al 1,5% y los servicios conexos al 4%.
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Canon pesquero provincial, que representa alrededor del 2% del valor del pescado desembarcado.
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Tasas municipales, como la Tasa de Seguridad e Higiene en Puerto Madryn (1,48% de la facturación mensual), que según denuncian, ha hecho pasar a algunas empresas de pagar $2 millones anuales a más de $40 millones.
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Tarifas de servicios públicos, particularmente elevadas en Puerto Madryn, donde el agua para los buques cuesta casi USD 10 por metro cúbico.
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Cargos portuarios y tasas ambientales y sanitarias, que incluyen desde el uso diario del muelle hasta los controles de SENASA para exportación.
Críticas al proyecto
CAPIP argumenta que el “aporte por cajón” es un tributo regresivo, ya que se exige sin considerar si las empresas tienen ganancias o pérdidas. Además, cuestionan la falta de controles y transparencia en la gestión del fondo REPROCH, que quedaría bajo la órbita de la Secretaría de Pesca y los sindicatos, sin auditoría externa y con un 15% destinado directamente a las organizaciones gremiales, sin criterios claros de distribución o rendición.
“La medida contradice las políticas que realmente necesita el sector, como la reducción de retenciones o la baja de Ingresos Brutos. En lugar de aliviar la carga, se suma un costo más justo en el peor momento”, señalaron desde la Cámara.
Un llamado al diálogo
Desde CAPIP insisten en su disposición a participar del debate y aportar soluciones técnicas viables para el desarrollo del sector. Sin embargo, remarcan que no pueden apoyar iniciativas que, lejos de apuntalar a la industria, agravan su situación.
“El impuesto en especie no es una solución ni para el empleo ni para el ambiente. Es una medida improvisada que amenaza con profundizar la crisis, fomentar la informalidad y poner en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a la pesca en Chubut”, concluyó la entidad.
