Una causa por doble abuso sexual en perjuicio de una menor fue archivada recientemente tras ser declarada prescripta, debido a graves errores procesales cometidos durante la investigación. La jueza María Laura Martini fue quien dictó el sobreseimiento del imputado y envió el expediente al Procurador General Jorge Miquelarena para que se revisen las irregularidades en el accionar de la Fiscalía.
El Dr. Miguel Moyano, defensor público que intervino en la causa en la etapa previa al juicio, dialogó sobre este delicado caso que generó controversia en la comunidad judicial de Chubut. “Cuando me tocó asumir el caso, ya había una serie de decisiones tomadas que complicaban el futuro del proceso”, explicó Moyano.
La causa se originó con una denuncia presentada por la víctima en abril de 2021, donde se señalaba un presunto abuso ocurrido, según versiones, en el año 2011. De acuerdo al marco legal, el delito prescribía a los 12 años, es decir, en 2023. Sin embargo, la fiscal interviniente, Florencia Gómez, recién solicitó la apertura formal de la investigación en febrero de 2024, cuando el plazo para accionar penalmente ya había vencido.
“Cuando la víctima hizo la denuncia en 2021, aún había tiempo para actuar. Pero la Fiscalía dejó pasar los plazos, y luego insistió con la acusación cuando la acción penal ya estaba prescripta”, remarcó Moyano. “Se actuó con cierta tozudez”, agregó, aludiendo a la insistencia de la fiscal Gómez pese a los límites legales ya vencidos.
La jueza Martini fue tajante en su resolución. Afirmó que la actuación del Ministerio Público Fiscal “incurrió en un error grave” y calificó la investigación como “poco comprometida”. En su fallo, sostuvo que Gómez actuó con negligencia al presentar la acusación cuando los hechos ya no podían ser perseguidos judicialmente, lo que derivó inevitablemente en el sobreseimiento del imputado.
Los hechos investigados incluían abuso sexual simple y abuso con acceso carnal, delitos considerados de suma gravedad. Sin embargo, la falta de precisión en la fecha del presunto episodio, la omisión de solicitar documentos clave como partidas de nacimiento y, sobre todo, la demora en impulsar el proceso, terminaron por debilitar completamente la causa.
Moyano subrayó que lo ocurrido “no es una cuestión de interpretación subjetiva”, sino que está respaldado por los hechos procesales: “Cuando se pidió la apertura de la investigación, el 22 de febrero de 2024, la acción ya estaba prescripta”.
