La jueza Ana Karina Breckle resolvió enviar a juicio oral a Carolina Pardo Said, acusada de direccionar contrataciones públicas en favor de su pareja. La calificación legal quedó encuadrada como negociaciones incompatibles.
La resolución fue notificada este viernes 22 de agosto a las partes y dispone la elevación a juicio oral de la causa en la que se encuentra imputada Carolina de los Ángeles Pardo Said, ex jefa del Departamento de Compras del Ministerio de Seguridad de Chubut.
La decisión fue adoptada por la jueza penal Ana Karina Breckle, quien consideró procedente avanzar a la instancia de debate y el mismo deberá realizarse bajo la modalidad de jurado escabinado, lo que implica la organización de un nuevo tipo de proceso para la Oficina Judicial de la capital provincial.
La figura del jurado escabinado está contemplada en la Ley XV N° 30 (Ley de Juicios por Jurados) y corresponde a este tipo de conformación el juzgamiento de aquellos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. A diferencia del juicio por jurados puro, que está integrado en su totalidad por ciudadanos legos, en esta oportunidad la responsabilidad recaerá sobre tres jueces técnicos y dos integrantes legos sorteados del padrón de potenciales jurados populares.
Los hechos
Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado, Pardo Said habría intervenido en distintas contrataciones directas entre 2022 y 2023 por un monto superior a un millón de pesos, favoreciendo de manera irregular a su pareja, Vicente Andrés García. Los trabajos contratados abarcaron reparaciones mecánicas, refacciones edilicias y servicios eléctricos para dependencias oficiales.
El fallo precisó que la calificación legal provisoria de los hechos es la de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del Código Penal), en modalidad de delito continuado. La jueza descartó la acumulación con incumplimiento de deberes de funcionario, como pretendía la fiscalía, al entender que se trata de una figura subsidiaria.
En la resolución, la magistrada también se admitió la incorporación de pruebas testimoniales y documentales. El juicio oral deberá determinar la responsabilidad penal de la ex funcionaria.
