E procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, rompió el silencio para referirse al caso que desató el escándalo: la prescripción de una causa por abuso sexual que derivó en cuestionamientos al accionar del Ministerio Público Fiscal.
“El hecho puntual por el que se nos notificó fue la prescripción de la acción penal en un caso de violación. La jueza entendió que hubo un desvío en el accionar del Ministerio Público Fiscal y lo comunicó a la Procuración. A partir de eso, activamos los mecanismos institucionales que corresponden”, explicó Miquelarena, quien evitó responder en detalle a las acusaciones personales entre fiscales, señalando que hacerlo “rayaría la ley de ética pública”.
La fiscal Florencia Gómez, quien intervino en la causa prescripta, acusó públicamente a colegas —entre ellos, Daniel Báez, Osvaldo Heiber y Fernando Rivarola— de impulsar una campaña en su contra, además de mencionar supuestos acomodos y favoritismos dentro del Poder Judicial. Incluso deslizó que el propio procurador estaría “del lado de ellos”. Miquelarena, al ser consultado sobre estas declaraciones, afirmó que sí se sintió molesto, pero decidió no responder en el mismo tono: “Me enoja, por supuesto, pero no voy a entrar en ese terreno. Acá hay que respetar la institucionalidad”.
Respecto a la causa de abuso sexual cuya prescripción generó la controversia, el procurador detalló que ya fue elevada al Tribunal de Disciplina del Consejo de Fiscales, órgano encargado de evaluar si hubo responsabilidad funcional. “Se está analizando si corresponde iniciar un sumario. Si eso sucede, cada parte tendrá derecho a ejercer su defensa en el marco institucional correspondiente”, aseguró.
El caso del supuesto “acomodo”
Uno de los puntos más sensibles que surgió en medio del conflicto fue la denuncia pública de Florencia Gómez sobre el presunto “acomodo” de la esposa de un fiscal en la planta de personal. Miquelarena aclaró ese episodio y negó cualquier irregularidad:
“El ingreso se hizo a partir de una lista de mérito de un concurso realizado el año pasado. Esa lista está vigente por dos años y puede ser utilizada por distintas áreas del Ministerio Público o incluso de la judicatura. En este caso, desde la oficina de ciberdelito se tomó a una persona de esa lista, que ya venía trabajando en el organismo como adscripta. No hay ninguna designación a dedo”.
Clima tenso y preocupación institucional
Lo que más inquieta, según Miquelarena, no son las críticas personales, sino la imagen institucional que queda ante la sociedad:
“Esto no me molesta por mí, me molesta por la institución. Cuando la gente escucha estos enfrentamientos entre fiscales, cuando ve cómo se sacan los trapitos al sol, naturalmente se pregunta qué está pasando en la justicia. Y es lógico. Justamente por eso, hace años creamos una oficina de bienestar laboral, con profesionales, para tratar de prevenir estos conflictos. Pero al final, cada uno es adulto y debe saber cómo comportarse”.
El procurador también señaló que este tipo de situaciones, aunque no frecuentes, no son inéditas y que ya ha intervenido en otros episodios similares: “Lo importante es que existen mecanismos para canalizar institucionalmente cualquier desvío o conflicto. No se puede dirimir todo en los medios”.
Un mensaje para la ciudadanía
El escándalo, que estalló en medios y redes, dejó al descubierto un clima de tensión interna que se arrastra desde hace años. La imagen del Ministerio Público Fiscal quedó golpeada, y la ciudadanía, confundida.
“Entiendo la preocupación de la gente. La justicia tiene que dar certezas, no peleas. Por eso debemos responder con seriedad, con mecanismos claros y respetando los canales formales”, concluyó Miquelarena.
