Este lunes 11 de agosto, a las 8:30 horas, comenzará el juicio oral y público en el que se debatirá una causa por presunta contaminación ambiental en las aguas del Golfo Nuevo, un proceso que llega tras años de investigación y que podría sentar un precedente importante en materia ambiental en la región.
En el centro de la causa se encuentra una empresa pesquera que, según la acusación fiscal, habría vertido efluentes industriales sin tratamiento previo —conocidos como “líquidos crudos”— directamente al mar a través de un sistema clandestino de cañerías. Los imputados son la entonces gerenta ambiental de la compañía y el jefe de la planta de tratamiento, a quienes se acusa de haber dispuesto y conocido el funcionamiento de este sistema ilegal de desagote.
El fiscal jefe, Alex Williams, detalló que el hecho investigado data de comienzos de 2023, cuando se detectó un volcado anómalo de líquidos pesqueros en la zona costera. La denuncia derivó en una extensa pesquisa que incluyó allanamientos, pericias técnicas, pruebas de laboratorio y testimonios. “Lo que se encontró fue un bypass subrepticio, un caño oculto que conectaba el sistema interno de la empresa directamente al conducto troncal que lleva líquidos tratados al mar”, explicó Williams.
Según las pruebas, este sistema habría sido utilizado para desviar efluentes sin tratar hacia el océano, violando lo establecido en la Ley Nacional 24.051 sobre residuos peligrosos. “Los estudios realizados arrojaron valores miles de veces superiores a los permitidos en materia orgánica y coliformes fecales como la Escherichia coli”, remarcó el fiscal. Uno de los análisis, por ejemplo, reveló 1.500 veces más E. coli de lo legalmente tolerado.
En el momento del hallazgo, personal de policía científica constató la salida del líquido crudo a la playa. Luego de que se obturara el caño clandestino, el derrame cesó de inmediato, lo que, para la Fiscalía, confirma el vínculo directo entre el sistema de cañerías oculto y la contaminación.
Una acusación grave
Los delitos que se imputan tienen encuadre dentro del Código Penal argentino bajo el título de “delitos contra la salud pública”, con penas que pueden ir desde algunos meses hasta 5 o 6 años de prisión, dependiendo de las agravantes que eventualmente se configuren.
“Primero debemos probar que el hecho existió y que las personas imputadas son responsables. Si eso se acredita, se podrá discutir la pena correspondiente”, sostuvo Williams, quien aseguró contar con “evidencia clara” sobre la maniobra, incluyendo pericias, imágenes, comunicaciones y testimonios.
La estrategia de la defensa
Los acusados adoptaron una “teoría negativa” frente a la imputación: niegan haber ordenado o conocido el funcionamiento del sistema ilegal de descarga. “Dicen que si hubo un volcado, no fue responsabilidad de ellos”, explicó el fiscal, quien sin embargo mencionó que incluso existen comunicaciones telefónicas donde se hace referencia explícita al “bypass”.
Impacto ambiental y consecuencias
El vertido de líquidos industriales sin tratamiento representa un riesgo severo tanto para la biodiversidad marina como para la salud humana. Según detalló Williams, el líquido que llegaba al mar presentaba alta densidad, coloración rosácea y un olor intenso proveniente de la industria del pescado.
“Si una persona hubiera tenido contacto con ese líquido, podría haber tenido consecuencias físicas o enfermedades”, señaló.
Tres jornadas clave
El juicio contará con tres jornadas de debate: lunes, miércoles y jueves (el martes se suspende por cuestiones de agenda). El jueves se realizarán los alegatos y se espera el cierre del proceso.
“Este juicio no sólo busca justicia por el hecho puntual, sino también marcar un límite a prácticas industriales que atentan contra el ambiente y la salud pública”, concluyó el fiscal.
