Soledad García, secretaria general de la Seccional Chubut del Sindicato de Empleados Viales y Afines de la República Argentina (SEVARA), habló este viernes sobre la incertidumbre que persiste en torno al futuro de la Dirección Nacional de Vialidad, luego del reciente fallo judicial que suspendió por seis meses el decreto presidencial que proponía su disolución.
“Estamos en un momento delicado. Si bien la medida cautelar nos dio un respiro, no es una solución definitiva”, señaló García en diálogo con la prensa. La dirigente sindical confirmó que el gremio mantendrá el estado de asamblea permanente, al tiempo que continuará con las gestiones políticas y legislativas para lograr que el decreto sea rechazado de manera definitiva en el Congreso.
“Una alegría breve en medio de la tristeza”
García describió el estado de ánimo dentro de Vialidad como “triste” y reconoció que los trabajadores atraviesan días de gran incertidumbre. “Estamos trabajando, seguimos en los campamentos, tirando sal cuando hace falta, pero con el ánimo muy bajo”, comentó. Aun así, destacó que la cautelar representa “una pequeña alegría” dentro del contexto adverso.
La suspensión judicial del Decreto 461, que impulsaba la disolución del organismo, fue interpretada por el gremio como una oportunidad para redoblar esfuerzos y visibilizar la importancia del trabajo vial a lo largo y ancho del país. Según explicó García, uno de los ejes será contrarrestar “el informe técnico” que acompañó el decreto presidencial y que, según el sindicato, tergiversa la composición del personal del organismo.
“Dicen que somos más administrativos que operativos, lo cual es una barbaridad. En ese informe incluso catalogan como administrativos a técnicos e ingenieros viales. Eso no es real”, afirmó.
Un segundo “plan motosierra”
La preocupación sindical no solo radica en la posibilidad de disolución de Vialidad, sino también en lo que García calificó como un “segundo plan motosierra”, en referencia a rumores de una inminente reestructuración del personal a partir de criterios aún difusos.
Se trataría de un esquema que definiría quiénes son “trasladables” a otras dependencias del Estado. Sin embargo, desde el sindicato aseguran que no han recibido ninguna notificación oficial sobre esta posibilidad y que toda la información circula a través de los medios.
“Nunca se nos comunicó oficialmente qué va a pasar. Los rumores están, pero certezas no hay”, expresó García.
Mientras el Gobierno nacional ya anticipó que apelará la medida cautelar, el gremio vial redobla su estrategia para blindar el organismo en el plano legislativo y social, buscando sumar el respaldo de intendentes, legisladores y la ciudadanía.
“Tenemos seis meses para lograr que esto no vuelva a suceder. Vamos a seguir por todos los caminos posibles”, concluyó.
