Tras el receso legislativo, la concejal Andrea Rueda, de Unicos y Organizados, retoma sus actividades en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn con una mirada enfocada en atender las problemáticas sociales y ambientales que atraviesa la ciudad. En diálogo con nuestra redacción, destacó la importancia de avanzar en políticas que acompañen a los sectores más vulnerables y protejan el entorno urbano.
Entre los principales temas que trajo al debate, la edil señaló la creciente demanda de condonación y asistencia para personas con discapacidad y jubilados con ingresos mínimos. “Estamos atravesando una situación económica desfavorable, que lamentablemente seguirá aumentando la cantidad de personas que necesitan ayuda”, afirmó. En este sentido, mencionó que desde la comisión legislativa se trabaja en pedidos de condonación de impuestos para estos sectores.
Además, Rueda puso en foco la crítica situación del acceso a servicios básicos como el gas, especialmente con la llegada del invierno y las bajas temperaturas. “Es preocupante la cantidad de familias que no tienen gas y la respuesta debe ser normativa, no solo asistencial”, subrayó. Explicó que han presentado propuestas para permitir el prorrateo del pago de facturas, pero que la solución debe ser un marco legal que contemple a todos los usuarios por igual.
En materia ambiental, la concejal está impulsando un proyecto para declarar una reserva urbana en una zona de cañadones que atraviesa sectores entre Las Quintas y Solana. Este espacio cumple una función fundamental de contención aluvional, ya que canaliza el agua de lluvia evitando inundaciones. “Hay empresas que buscan extraer áridos en esa zona, lo que podría modificar el cauce natural del agua, y eso es un riesgo que no podemos permitir”, alertó. Rueda destacó la necesidad de concientizar a la comunidad sobre la importancia de preservar estos espacios naturales, especialmente ante los cambios climáticos que afectan la región.
En relación a la empresa Ceferino, la concejal manifestó que se continúa con acciones legales y reclamos formales debido al incumplimiento de contrato en aspectos fundamentales como la señalización y la prestación del servicio. También remarcó la problemática del transporte público, señalando que los cambios de recorridos no siempre son consultados con la comunidad, generando confusión y dificultades para los usuarios.
