El conflicto entre los empresarios del sector pesquero y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) alcanzó esta semana un punto crítico, marcado por denuncias de amenazas, fotos de armas enviadas por WhatsApp, y hasta imágenes de las casas de los marineros que intentaron embarcarse para trabajar. La situación generó un clima de extrema tensión que dejó paralizada la actividad en aguas nacionales, y podría tener consecuencias graves para toda la temporada de pesca del langostino.
En diálogo con Carlos Eguía, el presidente de CONARPESA, Fernando Álvarez Castellano, expuso con dureza la gravedad de la situación y explicó por qué decidieron suspender los intentos de zarpar con los buques preparados: “Mandaron fotos de pistolas y de puertas de las casas de los tripulantes. A uno le decían: ‘Sabemos dónde vivís, si te embarcás, no volvés a pisar Madryn’. Eso es una amenaza de muerte directa”.
Violencia e intimidación: la denuncia del sector empresario
Álvarez Castellano confirmó que algunos barcos llegaron a arranchar y se intentó embarcar a trabajadores que habían aceptado las nuevas condiciones contractuales, negociadas de forma individual y homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación. “La gente sabía perfectamente a qué venía, tenían los contratos una semana antes. Vinieron desde Corrientes, Bahía Blanca, todos informados. Querían trabajar”, afirmó.
Sin embargo, una vez en el muelle y listos para zarpar, las presiones externas y las amenazas hicieron retroceder a los tripulantes. “Los rodearon en el muelle, los insultaban, les gritaban de todo. Algunos se bajaron del barco por miedo. Uno me dijo: ‘Me puteaban, amenazaban a mi familia’. Y ahí decidí frenar todo. Yo no quiero un muerto en este conflicto”, señaló.
SOMU rechaza un acuerdo a la baja, pese a los altos ingresos
El eje del conflicto radica en el rechazo del SOMU a firmar un acuerdo laboral adaptado al contexto actual del mercado del langostino, cuya cotización cayó abruptamente. “El precio internacional bajó, y con el convenio vigente es imposible operar sin pérdidas”, explicó Álvarez Castellano.
Aun así, los salarios ofrecidos bajo el nuevo esquema siguen siendo millonarios. “Un marinero embarcado ganaría entre 12 y 15 millones de pesos por mes. No estamos hablando de quitarles derechos, sino de ajustar el acuerdo por un año. Pero el SOMU no quiere ceder”, aseguró.
Una crisis que arrastra toda la temporada
Más allá de los hechos de violencia, el conflicto ya dejó un saldo económico crítico. “Llevamos seis meses con esta pelea. Ya se perdieron tres meses de trabajo y miles de millones en exportaciones. Hay 130 barcos amarrados”, lamentó el empresario, quien anticipó que dejará el país temporalmente. “Me voy a España a ver a mi hija. Hasta que esto se solucione, me corro. No se puede trabajar en estas condiciones”.
Un problema que excede a la pesca
Álvarez Castellano fue más allá del conflicto sectorial y advirtió sobre el precedente que puede sentar esta situación para otras industrias: “¿Qué mensaje damos si permitimos que 40 patoteros impidan que alguien trabaje? Esto es un problema soberano. El derecho a trabajar no puede ser coartado por un grupo de sindicalistas”.
El empresario cerró con una reflexión que condensa la frustración del sector: “Si los marineros hubieran dicho ‘no queremos salir’, lo aceptábamos. Pero vinieron porque querían. El problema es que el SOMU decide por todos. Y así no se puede seguir”.
La situación hoy
Actualmente, la temporada de pesca en aguas nacionales está totalmente paralizada. Las cámaras empresarias CAPECA y CEPA emitieron un comunicado conjunto anunciando que no intentarán nuevos embarques hasta que se garantice la seguridad de los tripulantes y se resuelva el conflicto sindical.
Mientras tanto, se estima que cerca de 5.000 familias dependen directamente de la reactivación de esta actividad. El impacto económico ya se siente en los puertos y plantas procesadoras de todo el litoral patagónico.
