Ayer por la tarde se llevó a cabo una movilización simbólica y cargada de reclamo: la Marcha de las Antorchas, organizada por marineros autoconvocados y familiares. La concentración reflejó el profundo malestar de los trabajadores marítimos ante el extenso conflicto que mantiene paralizada la actividad pesquera en aguas nacionales desde septiembre del año pasado.
Claudio Russo, presidente de la Agrupación 10 de Julio del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Puerto Madryn, confirmó que, aunque su agrupación se mantuvo en el campamento instalado en el acceso sur de la ciudad, acompañan la lucha y entienden la gravedad de la situación. “Ya llevamos más de tres meses sin avances concretos. Las negociaciones están estancadas”, expresó en diálogo con medios locales.
El reclamo principal gira en torno al intento del sector empresario de aplicar una reducción del 30% en los ingresos de los marineros. “Es inaceptable. Nuestro salario depende directamente de la producción. Si pescamos, ganamos. Si no, no. Una quita de este tipo es un golpe directo a nuestra subsistencia”, explicó Russo.
Además de los aspectos salariales, la movilización también puso el foco en la paralización total del circuito económico que gira alrededor de la pesca. “No solo somos los marineros. Se frena la actividad de estibadores, talleres, transporte, comercios y servicios. La economía regional está completamente afectada”, advirtió el dirigente sindical, que estima en más de 1.200 los trabajadores marítimos afectados en la región.
Durante la jornada del lunes, Russo y otros trabajadores mantuvieron contacto con Juan Navarro, Secretario de Pesca del SOMU a nivel nacional, quien aseguró que “el Gobierno estaría por anunciar medidas para aliviar los costos operativos del sector empresario”. Esa posibilidad genera cierta expectativa entre los marineros, aunque la desconfianza predomina tras meses sin respuestas concretas.
En paralelo, Claudio Russo expresó una fuerte crítica hacia la conducción nacional del sindicato: “La negociación fue pésima. Se priorizaron actos políticos en lugar de resolver el futuro de miles de familias. Lo dijimos hace meses y no nos escucharon. Hoy, estamos pagando las consecuencias”.
