En una jornada cargada de tensiones y maniobras políticas, diez gobernadores que hasta hace pocos meses integraban Juntos por el Cambio dieron marcha atrás con su apoyo a los proyectos de ley para mejorar los haberes jubilatorios, prorrogar la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad. La decisión, tomada en una reunión virtual entre mandatarios del PRO y la UCR, dejó en suspenso la sesión prevista en el Senado para este jueves por la tarde y puso en evidencia una fractura dentro de la oposición dialoguista.
El giro responde a la presión directa del presidente Javier Milei, quien acusó a los gobernadores de intentar “destruir al gobierno nacional”, y a las advertencias del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien los acusó de querer “seguir robando”. Frente a esa embestida, los gobernadores optaron por retroceder y se alinearon con el Ejecutivo, ordenando a sus senadores no acompañar los proyectos de corte previsional y social.
En la reunión participaron Jorge Macri (CABA), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco). Todos coincidieron en que los legisladores que les responden solo respaldarán las iniciativas que implican transferencias directas para sus provincias —como la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el nuevo régimen de reparto automático de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)— pero no aquellas que, según su diagnóstico, “ponen en riesgo la estabilidad fiscal”.
Según cálculos que circulan entre los mandatarios provinciales, los proyectos para mejorar ingresos jubilatorios y atender a sectores vulnerables tendrían un impacto fiscal de entre 2 y 2,5 puntos del PBI. Este argumento fue el utilizado para justificar el retiro del respaldo, en un contexto donde los gobernadores buscan evitar cualquier señal de enfrentamiento abierto con el oficialismo nacional.
Negociación cruzada y sospechas en el Senado
Este giro estratégico dejó descolocado al bloque de Unión por la Patria y a los senadores radicales que estaban dispuestos a votar las leyes con impacto social. El peronismo, que esperaba una sesión fluida, ahora enfrenta la posibilidad de que la vicepresidenta Victoria Villarruel impugne los dictámenes conseguidos la semana pasada mediante la autoconvocatoria de la oposición, bajo el argumento de que no tienen validez reglamentaria.
En este marco, algunos legisladores peronistas ya expresaron su malestar y advirtieron que no están dispuestos a facilitarle a los gobernadores de JxC los dos tercios necesarios para aprobar el reparto de ATN e ICL. La sospecha de un acuerdo entre estos mandatarios y la Casa Rosada para “bajar” los proyectos sociales a cambio de fondos frescos genera desconfianza y podría tensar aún más el clima legislativo.
