La pesca de altura lleva más de 100 días paralizada. Óscar Bravo, Secretario General del SOMU Mar del Plata, y Fernando Álvarez Castellano, titular de Conarpesa, debatieron públicamente sobre los motivos del conflicto. Salarios, pérdidas millonarias, acuerdos individuales y la urgencia de salir a trabajar, en el centro del conflicto.
La crisis en el sector pesquero continúa profundizándose. A más de 100 días del inicio previsto para la temporada de pesca en aguas nacionales, los barcos de altura –los conocidos como “barcos colorados”– siguen amarrados. En una entrevista radial que terminó en un cruce directo al aire, Óscar Bravo, Secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Seccional Mar del Plata, y Fernando Álvarez Castellano, presidente de la empresa Conarpesa, expusieron sin filtros sus posturas enfrentadas.
Bravo explicó que el conflicto se originó cuando las cámaras empresarias anunciaron que no saldrían a pescar debido a que los costos los llevarían a trabajar con pérdidas. La respuesta del SOMU fue clara: “¿Cómo pretenden tener los barcos amarrados sin pagarle a los trabajadores? ¿De qué van a vivir?”
En ese contexto, el sindicato denunció que los empresarios buscan una reducción directa del salario a través del ítem “producción”, lo que Bravo calificó como un “capricho empresarial”. Según afirmó, el gremio ofreció alternativas, como alivios fiscales conjuntos, replicar acuerdos de crisis como el 7030 y reducir cargas sin tocar el salario. Pero los empresarios, asegura, “quieren sí o sí una baja directa al bolsillo del trabajador”.
Del otro lado, Álvarez Castellano justificó la medida empresaria alegando pérdidas millonarias. “Perdí 15 millones de dólares el año pasado, lo publiqué en mis balances. ¿Cómo voy a salir otra vez a perder?”, dijo, y propuso una solución controvertida: permitir acuerdos individuales con los marineros, por fuera del convenio colectivo.
Bravo respondió con dureza: “Eso es ilegal. No se puede firmar por debajo del convenio colectivo, lo dice el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo”. Además, denunció que las empresas están presionando a los trabajadores para aceptar esas condiciones por desesperación. “Esto no es una negociación en igualdad de condiciones. La gente está con hambre después de 8 meses sin trabajar.”
Álvarez Castellano fue más allá y puso fecha: el próximo miércoles 23 de julio comenzará a convocar a los marineros que quieran embarcarse bajo las condiciones propuestas por la empresa. Asegura tener un grupo de WhatsApp con más de 400 trabajadores y afirma que la aceptación es “total, salvo unos pocos sindicalizados”.
Bravo rechazó de plano este procedimiento, y propuso que, en lugar de romper con el sindicato, las empresas recurran a los mecanismos legales, como el Proceso Preventivo de Crisis, donde puedan demostrar su situación económica ante el Estado y negociar en conjunto una solución.
El debate, aunque tenso, mantuvo un tono de respeto mutuo. Ambos coincidieron en la necesidad de resolver el conflicto, aunque desde posiciones diametralmente opuestas. Mientras los empresarios exigen flexibilidad salarial para salir a pescar, el gremio insiste en no resignar derechos sin ver documentación que respalde el pedido.
La tensión crece, y los puertos de Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado siguen siendo los más afectados. Con la temporada avanzando y la flota aún inactiva, el reloj corre no solo para los empresarios, sino también –y sobre todo– para los trabajadores que no pueden esperar mucho más.
