A través del Decreto Delegado 462/2025, el Gobierno nacional dispuso una profunda transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el objetivo declarado de reducir su burocracia, mejorar los controles y reorientar su misión al desarrollo científico-tecnológico aplicado al agro. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, junto con los ministros Guillermo Francos, Luis Caputo y Mario Lugones.
El decreto convierte al INTA en un organismo desconcentrado, ahora dependiente directamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y reemplaza su tradicional conducción colegiada por un Presidente designado por el Poder Ejecutivo, quien será acompañado por un Consejo Técnico ad honorem con representación de productores agropecuarios.
Una estructura “sobredimensionada y opaca”, según el Gobierno
Desde el Ejecutivo explicaron que la reforma responde a “graves deficiencias estructurales” en el funcionamiento del organismo. Según datos oficiales, en abril de 2025 el INTA contaba con:
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6.059 empleados (el doble que hace algunos años),
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2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes),
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1.611 celulares corporativos,
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932 cargos jerárquicos, cifra superior a cualquier ministerio nacional,
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450 sedes repartidas en todo el país.
A esto se suma que el INTA administra más de 110.000 hectáreas, pero solo 45.000 están en uso activo para actividades experimentales. “En el resto no sabemos con certeza qué ocurre”, admitieron desde el Gobierno. Un informe de la SIGEN (2023) detectó irregularidades graves, como viviendas usurpadas, bienes sin inventariar, donaciones no registradas, y gastos sin documentación.
También se cuestionó el funcionamiento paralelo de INTEA S.A. y la fundación ArgenINTA, entidades bajo control del instituto pero por fuera del régimen de contrataciones públicas y control estatal. El Ejecutivo anticipó que esta reforma permitirá transparentar los recursos que estas estructuras administran.
Investigación sin rumbo y proyectos cuestionados
El Gobierno también criticó la falta de dirección científica del INTA en los últimos años. Según la nueva administración, las investigaciones estaban desconectadas de las verdaderas necesidades del sector agroindustrial y muchas líneas de trabajo “carecían de sentido productivo”.
Se mencionaron proyectos financiados como “Mujeres rurales: celebrar lo común y valorar la diferencia” o “¡Alto!… Una pausa a los cuidados. Mujeres rurales y el derecho al ocio y la recreación” como ejemplos del desvío de recursos hacia temáticas sociológicas que —según el Ejecutivo— no aportaban soluciones concretas al campo argentino.
