A través del Decreto Delegado 426/2025, el Gobierno nacional dispuso la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La medida incluye una profunda modificación en sus funciones regulatorias, con el objetivo de reducir la carga burocrática que afecta a la industria vitivinícola argentina.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, junto a los ministros Guillermo Francos, Luis Caputo y Mario Lugones, y forma parte del paquete de reformas estructurales que impulsa la actual administración.
Menos intervención estatal, más foco en el producto final
La reforma implica que el INV dejará de fiscalizar aspectos como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento y el transporte del vino. A partir de ahora, el organismo se concentrará en el control del producto final en góndola, garantizando que sea apto para el consumo y no esté adulterado.
“El INV deja de estar involucrado en la producción y se enfoca en lo esencial: el control de calidad en el punto de venta”, explicó una fuente del Ministerio de Economía. Las auditorías también podrán ser realizadas por laboratorios privados, siguiendo el criterio de competencia que promueve el Gobierno.
La modificación se apoya en la eliminación del artículo 24 bis de la Ley 14.878, introducido en 1985 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que había ampliado ampliamente las facultades del INV para intervenir en toda la cadena productiva.
Certificaciones: ahora optativas y también en manos privadas
Otro cambio relevante es que las certificaciones de origen, añada y varietal —hasta ahora obligatorias— pasarán a ser opcionales. Podrán ser emitidas por el INV o por entidades privadas, dando a los productores la libertad de elegir según sus necesidades.
“Es un principio rector de estas reformas: que los trámites puedan hacerse en el sector público o privado. Eso obliga al Estado a competir en eficiencia”, señalaron desde el equipo de desregulación.
Las certificaciones para exportaciones se mantendrán vigentes solo cuando sean requeridas por los países de destino, en línea con el pedido de las cámaras vitivinícolas y del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien también solicitó conservar el nombre del organismo.
Un reclamo histórico del sector
La reforma responde a demandas reiteradas de bodegueros y productores, quienes en distintos encuentros con autoridades nacionales expresaron que el INV representaba una carga administrativa innecesaria, que exigía personal dedicado exclusivamente al cumplimiento de trámites.
“Nos decían que el INV era una máquina de poner trabas. Esta reforma apunta a quitarle el pie de encima al sector para que pueda crecer con libertad”, indicaron desde el Ministerio de Producción.
Además de los cambios regulatorios, la centralización del organismo permitirá ahorros presupuestarios significativos, ya que se eliminarán estructuras administrativas redundantes.
Apoyo político y técnico
La medida fue impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo y ejecutada por el Secretario Coordinador de Producción, Paula Lavigne, con apoyo técnico de Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura), Abel Chiconi (INV) y funcionarios del Ministerio de Desregulación.
Desde el Gobierno destacan que el objetivo es claro: “El vino argentino no necesita más burocracia para crecer. Necesita libertad, reglas claras y eficiencia institucional”.
