El Gobierno nacional oficializó un cambio sustancial en su política de atención a personas en situación de calle. A través del Decreto 373/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo determinó que dejará de ejecutar programas de manera directa, y pasará a cumplir un rol de “órgano rector”, enfocándose en la definición de lineamientos generales y el monitoreo de los recursos transferidos.
Con esta medida, la asistencia directa a personas sin techo quedará a cargo de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán diseñar e implementar sus propios planes y estrategias de abordaje territorial. El decreto establece que serán los gobiernos locales los responsables de la ejecución y el financiamiento de las políticas públicas destinadas a esta población vulnerable.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) fue designada como autoridad de aplicación del nuevo esquema, con la responsabilidad de establecer criterios orientadores, coordinar acciones y monitorear el uso de los fondos nacionales que serán transferidos a las jurisdicciones.
Desde el Ejecutivo señalaron que la medida apunta a fortalecer el federalismo y a “mejorar la eficiencia en la implementación de políticas sociales”, mediante un mayor protagonismo de los gobiernos locales, que “conocen de cerca las realidades específicas de sus territorios”.
Sin embargo, diversas organizaciones sociales y referentes del ámbito de los derechos humanos expresaron su preocupación por el posible desfinanciamiento y la desigual capacidad operativa de algunas provincias para dar respuesta a una problemática compleja y creciente.
Según datos de organismos especializados, la población en situación de calle ha aumentado en los últimos años, agravada por la crisis económica, el desempleo y la falta de acceso a la vivienda. En este contexto, las organizaciones advierten sobre el riesgo de que la fragmentación de políticas derive en respuestas desiguales entre jurisdicciones.
