El Gobierno Nacional presentó un listado con más de 100 organismos, entes y programas públicos que serán disueltos, fusionados o reconvertidos, en una estrategia orientada a reducir el gasto público, eliminar estructuras duplicadas y modernizar la administración pública.
Entre los cambios más destacados se encuentra la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (1) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2), que según el Gobierno “no podían controlar el tránsito sin apoyo de fuerzas de seguridad”. Estas funciones ahora pasarán a manos de la Gendarmería Nacional, que ya realiza 80.000 controles diarios.
También desaparecerá la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (3), cuyas tareas serán absorbidas por una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. En línea con esta transformación, la Junta de Seguridad en el Transporte se convertirá en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (5).
Otra modificación significativa es la unificación de la gestión de los hospitales nacionales Ramón Carrillo, Baldomero Sommer, Alejandro Posadas y Laura Bonaparte (6), que se integrarán en la nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud. Además, se eliminarán varias Delegaciones Sanitarias Federales (7) y se reconvertirán funciones del ANLIS-Malbrán (9), duplicando las funciones del Instituto Nacional de Medicina Tropical.
En el ámbito científico y productivo, se eliminan o transforman organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (14), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (15) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (17). También se fortalece a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (18), asignándole tareas de seguridad en el transporte general.
Por otro lado, se fusionan entes como el Museo Sitio de Memoria ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria (43), y se unifican reguladores del sector energético con la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (45).
En el ámbito financiero, se suprimen numerosos fondos fiduciarios, entre ellos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES (66), el Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (71), el Fondo Nacional de Emergencias (76) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Única Familiar PRO.CRE.AR (78).
También se eliminan entidades vinculadas a la producción y desarrollo regional como el Fondo para la Recuperación de la Actividad Olivícola (73), el Fondo de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (81), el Programa de Apoyo a Pequeños Productores (83), y fondos del sector porcino, ovino, vitivinícola, entre otros.
Finalmente, se derogan más de 100 normas legales que creaban organismos, programas o barreras regulatorias, y se propone la eliminación del Registro de Constructores (51), la derogación del Registro de Transporte de Cargas (RUTA) (50), y la eliminación de restricciones en mercados como el de gas licuado (88), buscando promover la libre competencia.
El paquete completo de reformas, según el Gobierno, tiene como objetivo “reducir el gasto improductivo del Estado, eliminar la burocracia ineficiente y facilitar la inversión privada”. Sin embargo, sectores sindicales, organizaciones sociales y partidos de la oposición han manifestado su preocupación por el impacto en el empleo público, la investigación científica y el acceso a derechos fundamentales.
