El ministro de Seguridad provincial, Dr. Héctor Iturrioz, denunció públicamente que las decisiones judiciales, que permitieron que delincuentes con frondosos antecedentes cumplan condenas en sus domicilios con tobillera electrónica —o incluso “bajo palabra de honor”—, ponen en riesgo la seguridad pública y deterioran los recursos del Estado.
Durante una entrevista radial, Iturrioz detalló que estos tres episodios ocurrieron en apenas un mes y apuntó directamente contra algunos fallos judiciales que, según dijo, “carecen de criterio y lógica”.
“Esto no es una fuga de un centro penitenciario. Se trata de personas que violaron el régimen de arresto domiciliario otorgado por la Justicia. Y no una vez: varias veces. Aún así, se les vuelve a otorgar el mismo beneficio”, expresó el ministro.
Uno de los casos más resonantes es el de Hugo Severo Torres, un delincuente con más de 15 causas en su haber. Tras romper la tobillera electrónica y cometer un nuevo delito en el barrio donde vivía, fue nuevamente detenido. A pesar del nuevo hecho, la jueza Lilian Cecilia Bórquez volvió a autorizarle la prisión domiciliaria, esta vez sin tobillera, y bajo palabra de honor. Según Iturrioz, se negó a proveerle una nueva tobillera por considerar que sería malgastar recursos del Estado, lo que le valió una denuncia judicial en su contra.
“No sé qué honor puede tener alguien que habitualmente delinque y ya había incumplido. Era obvio que se iba a escapar otra vez. Y se escapó”, afirmó Iturrioz con visible indignación.
Otro caso señalado fue el de Ramón, integrante de un grupo delictivo vinculado con robos violentos. Tras cumplir una condena en prisión, fue nuevamente detenido por otro robo agravado. La jueza Palomeque primero le concedió la domiciliaria con tobillera, medida que fue ratificada en revisión. El resultado fue el mismo: el delincuente cortó el dispositivo y se fugó, aunque posteriormente se entregó voluntariamente.
El tercer hecho involucró a un imputado en una causa de violencia de género, que también abandonó el domicilio sin autorización.
Iturrioz advirtió sobre el alto costo que implica cada tobillera electrónica, que, según estimaciones, ronda los 10.000 dólares, incluyendo el monitoreo mensual. “No es solo un plástico. Es tecnología compleja, con sistema de alertas, monitoreo en Buenos Aires y costos de operatividad. Y cada vez que se rompe, se pierde por completo”, explicó.
Consultado sobre posibles soluciones, adelantó que se evaluará en la próxima reunión de gabinete provincial ampliar el sistema de monitoreo, así como revisar los protocolos del Centro de Comando Unificado. Si bien reconoció que el sistema aún tiene falencias —como la falta de móviles en algunas zonas—, aseguró que los datos muestran una baja en la cantidad de delitos, aunque aclaró que gran parte del mérito es de la Policía Provincial.
Finalmente, pidió a la ciudadanía que denuncie todos los delitos, incluso los menores, ya que son fundamentales para detectar patrones delictivos y mejorar la asignación de recursos.
“Estamos haciendo todo lo posible desde el Ejecutivo, pero sin una justicia que actúe con coherencia, es muy difícil proteger a los ciudadanos”, concluyó.
