El Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales del Chubut (SI.TRA.VI.CH.) presentó formalmente una solicitud ante la Administración de Vialidad Provincial para que el personal de dicha repartición sea exceptuado de la aplicación de la Ley I N° 801, norma que establece criterios para la reducción de personal en el ámbito estatal. La petición, acompañada por un detallado informe y un anexo técnico, destaca la esencialidad de las tareas viales y alerta sobre los riesgos operativos y sociales que implicaría su aplicación sin distinción.
En la presentación, firmada por Fernando Daniel Stolz y Esteban Darío Colinecul, dirigentes del gremio, se argumenta que el servicio de vialidad cumple un rol estratégico en el sostenimiento de la infraestructura, la conectividad territorial y la atención de emergencias, tanto climáticas como sanitarias. Se mencionan, entre otros ejemplos, las tareas realizadas durante la pandemia de COVID-19, cuando el personal vial fue considerado esencial por el Poder Ejecutivo Nacional y se mantuvo en funciones activas en plena emergencia.
Falta de personal y riesgo de colapso operativo
El sindicato expone además la preocupante reducción de personal que afecta a la Administración de Vialidad desde hace años. Según señalan, existe una merma progresiva en la planta de agentes, tanto operativos como técnicos y administrativos, lo que ha generado sobrecarga laboral, dificultad para sostener los turnos y deterioro en la frecuencia de intervenciones. Esta situación se agrava en zonas alejadas o de difícil acceso, donde muchas veces se requieren trabajadores con experiencia, en su mayoría hoy próximos a la jubilación.
Una eventual aplicación lisa y llana de la Ley I N° 801 –sin atender a las particularidades del organismo vial– podría, según advierten, provocar interrupciones en tareas de mantenimiento, falta de respuesta ante emergencias, pérdida de saberes técnicos y desprotección de áreas vulnerables.
Proyecciones preocupantes
En una segunda nota fechada el 13 de junio, el gremio elevó planillas de análisis de tendencias de baja de trabajadores y proyecciones de impacto si se aplica la ley con un criterio de reducción 3×1 (tres bajas por un ingreso). Allí se advierte que, de mantenerse esta política sin ajustes, en 11 años se perdería la totalidad del personal y que en 2030 la planta se reduciría a la mitad. Además, muchos trabajadores no alcanzarían a jubilarse en tiempo por el impacto anticipado de las bajas.
Pedido de excepción fundamentado
La solicitud de excepción se apoya en el artículo 2° de la propia Ley I N° 801, que habilita al Ejecutivo a excluir organismos o áreas esenciales de su aplicación. También se citan normas nacionales, como la Resolución 344/04 del Ministerio de Trabajo, que define a los servicios viales como esenciales, especialmente en provincias como Chubut, con grandes distancias y condiciones climáticas adversas.
