El paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) refleja una doble problemática que atraviesa a los trabajadores del país. Por un lado, la cuestión gremial y salarial; por el otro, un escenario democrático que se deteriora y acota los espacios de participación.
Desde lo gremial, la falta de discusión salarial y el cierre unilateral de las paritarias han generado una profunda frustración entre los trabajadores. La precarización laboral se hace evidente en la provincia, donde más de 300 compañeros de un ministerio dependen de becas mensuales que no superan los 250 mil pesos, un ingreso insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana. Esta realidad no solo impacta en el bolsillo, sino también en la dignidad y el ánimo de los trabajadores estatales.
Pero la protesta no se limita a la esfera económica. Como señala Roberto Cabeda, secretario general de ATE Madryn, el panorama democrático en el país está en declive. La persecución política y la proscripción se vuelven instrumentos que restringen la participación y los derechos de los trabajadores. Frente a esta situación, la organización sindical sale a las calles para denunciar que “los dueños de la Argentina”, la oligarquía, mantienen el control del tablero político y económico, marginando a la clase trabajadora y cerrando vías democráticas esenciales para el desarrollo de la sociedad.
El reclamo se inserta además en un contexto internacional convulsionado, donde las grandes potencias muestran contradicciones: mientras algunas se presentan como progresistas, avalan acciones que en el terreno humano se traducen en genocidios, como es el caso de Gaza. Según Cabeda, esta coyuntura exige un programa político que proteja a la nación y fortalezca la identidad propia de América Latina, dejando de lado el rol subordinado y periférico que históricamente se ha impuesto al continente.
