En un nuevo capítulo que pone en jaque a la justicia chubutense, el reconocido abogado Juan Pablo Gallego, querellante en causas emblemáticas como la del cura Grassi y la de Juan Darthés, denunció públicamente la negativa del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn a investigar una grave denuncia de abuso sexual infantil.
Gallego representa legalmente a la madre de una niña que acusa a su progenitor de haberla sometido a abusos reiterados. La denuncia no solo incluye un relato contundente de la menor, sino también una batería de pruebas médicas y periciales que confirman indicadores físicos y psicológicos compatibles con abuso: infecciones urinarias, inflamación vulvar, conductas hipersexualizadas, trastornos del sueño y dibujos con alto contenido traumático.
“Estamos ante una situación escandalosa: el fiscal se niega a investigar a pesar de que hay múltiples pruebas objetivas. En cambio, se ampara únicamente en el testimonio del empleador del imputado, quien afirma que ese día estaba trabajando”, explicó Gallego. “Nunca vi una Fiscalía que actúe como defensora del imputado”, remarcó.
Un acusado con antecedentes y vínculos con el poder
El acusado no es un desconocido para la justicia. Gallego recordó que el mismo sujeto estuvo implicado en la conocida “Causa Puerto Pirámides”, en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó interviniendo y advirtiendo la falta de perspectiva de género en el accionar judicial chubutense.
“A pesar de las pruebas, la Fiscalía bloquea el avance del caso. Esto ya no es solo inacción, es protección institucional al imputado. El mismo sujeto se sentó a 30 cm de la madre de la víctima en plena audiencia sin que se dictara ninguna medida de restricción. Hay una ligazón con sectores de poder que no se puede soslayar”, denunció Gallego.
Violencia institucional contra una niña vulnerable
La familia, especialmente la niña, se encuentra en estado de zozobra emocional. Según el abogado, no solo no reciben apoyo del sistema, sino que son hostigados y revictimizados. “Han advertido a la niña que si no se retracta de la denuncia, no volverá a ver a su madre. Esto es violencia institucional en su máxima expresión”, sostuvo.
Además, el letrado remarcó que se le han obstaculizado los derechos básicos a la víctima, como el acceso a atención médica y contención psicológica, y que la madre ha sido sistemáticamente perseguida en lugar de ser protegida por el Estado.
“No estoy acá por agenda ni por figuración. Estoy porque vi pruebas devastadoras y porque esta niña merece justicia. No podemos permitir que haya sectores judiciales que sigan desoyendo a las víctimas por proteger intereses oscuros”, afirmó.
Expectativa por una resolución judicial
El próximo miércoles se espera una resolución clave por parte del juez interviniente, cuyo nombre no fue confirmado al cierre de esta nota. La decisión podría obligar al Ministerio Público Fiscal a retomar la investigación o, en su defecto, cerrar la causa, en una medida que sería escandalosa para los organismos de protección de derechos.
“Si el caso no avanza en esta instancia, iremos a instancias superiores, incluida la Corte Nacional si es necesario. Pero no vamos a dejar sola a esta niña”, aseguró Gallego.
