En medio de una de las crisis más profundas que atraviesa el sector pesquero argentino, un reciente acuerdo entre la industria y la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca abre una puerta a la solución del prolongado conflicto laboral. El entendimiento, alcanzado entre las cámaras empresarias CAPECA y CAPIP, apunta a adecuar el Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad de los capitanes de la flota congeladora, un segmento clave en la cadena de valor del langostino.
Agustín De La Fuente, presidente de la Cámara Argentino-Patagónica de la Industria Pesquera (CAPIP), explicó que se trató de un proceso “bilateral riguroso”, enfocado en el análisis de los costos de producción y el contexto económico que enfrenta el langostino congelado a bordo. “Coincidimos en que es imprescindible preservar la sostenibilidad económica del sector, resguardar los puestos de trabajo y asegurar el ejercicio pleno y efectivo de las funciones de los capitanes de pesca”, afirmó.
Entre los puntos centrales del acuerdo se destacan los nuevos parámetros para la liquidación salarial. El cálculo tomará como base los precios promedio de exportación informados por la Aduana, con escalas dinámicas y exclusivamente ascendentes. El objetivo es aportar previsibilidad y equidad en las remuneraciones, en sintonía con el comportamiento del mercado internacional.
Si bien el acuerdo no satisface por completo las demandas iniciales de ninguna de las partes, fue calificado como un equilibrio razonable, alcanzado con la mediación activa de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Este organismo aplicó herramientas legales específicas para gestionar crisis laborales de alta complejidad.
Desde la industria, la expectativa ahora se centra en que el gremio de marineros adopte una postura similar. Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), manifestó: “Confiamos en que la marinería opte también por el diálogo y la razonabilidad. Este acuerdo con los Capitanes refleja un compromiso con la responsabilidad social y la defensa del trabajo argentino”.
El conflicto afecta actualmente a más de 5000 familias, y si bien aún no se ha alcanzado una solución integral, el paso dado con los capitanes podría marcar el inicio de una desescalada en la crisis. El sector pesquero espera que la racionalidad y el diálogo se impongan sobre la confrontación.
