La accesibilidad en el transporte público sigue siendo una cuenta pendiente en Puerto Madryn. Así lo expresó Edgar Sandanella, presidente de la Asociación de Taxis local, quien expuso con crudeza la situación que enfrentan los taxistas respecto al servicio de taxis accesibles para personas con movilidad reducida.
La problemática tomó visibilidad luego de la presentación de una vecina mayor en el Concejo Deliberante, donde manifestó las dificultades que enfrenta para trasladar a su hija, quien utiliza silla de ruedas. La mujer explicó que ha planteado su preocupación a distintas centrales de taxis, sin obtener soluciones concretas. Sandanella reconoció conocer a la familia, pero también cuestionó algunas expresiones surgidas en la sesión del Concejo, en especial las del viceintendente.
Según explicó el dirigente, la raíz del problema está en la inviabilidad técnica y económica de adaptar vehículos convencionales para el traslado seguro de personas en silla de ruedas. “Los seguros no contemplan la silla de ruedas como un asiento homologado. La silla no está adherida al chasis, por lo tanto, ante un accidente, no te cubre el seguro”, explicó. Además, agregó que los taxistas no están preparados físicamente ni legalmente para manipular personas con movilidad reducida.
Una adaptación costosa e inviable
En términos económicos, Sandanella fue claro: adaptar un vehículo puede superar los 35 millones de pesos, más otros 10 millones para la instalación de una rampa. “Hay que cortar el vehículo y eso lo destruye. Es una locura. No es una inversión razonable para un trabajador del volante”, aseguró.
Actualmente, hay siete taxis accesibles registrados en Puerto Madryn. Uno de ellos aún no está operativo porque su propietario no ha colocado la rampa. Los otros seis están en funcionamiento, aunque varios ya cumplieron con los años de vida útil reglamentarios. “Reemplazarlos es casi imposible. Un vehículo accesible cuesta el doble que uno convencional”, sostuvo Sandanella.
Una solución que no llega
Desde la Asociación de Taxis se viene planteando que sea el Estado —municipal o provincial— quien asuma la responsabilidad de garantizar el servicio. “Ya hay un vehículo de la provincia adaptado, pero estuvo dos años parado porque se le rompió la rampa. La realidad es que no alcanza con tener una ordenanza: hay que poner los recursos”, advirtió.
También hubo críticas al Consejo de Discapacidad, que según Sandanella, en 2023 se comprometió a gestionar beneficios impositivos, cursos de capacitación y apoyo a nivel nacional para la fabricación de vehículos accesibles. “No cumplieron con nada de eso”, lamentó.
Normas sin consenso
La ordenanza que obliga a contar con taxis accesibles fue sancionada, según Sandanella, sin el debido consenso con la Asociación. “Si nos hubiesen consultado, les hubiéramos dicho que no era factible. De diez licencias que salieron, solo se adjudicaron siete, y en dos etapas. Los que conocían el rubro sabían que era inviable”, sentenció.
Para el dirigente, lo que se necesita ahora es un replanteo serio de la normativa y un compromiso real del Estado. “No se puede sancionar a los choferes por no poder brindar un servicio que es técnica y económicamente imposible. Si hay demanda, que sea el municipio quien compre y mantenga los vehículos, como corresponde”, concluyó.
