La Legislatura de la Provincia del Chubut recibió un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa por un plazo de 18 meses, con el objetivo de reestructurar y sanear las finanzas provinciales.
El proyecto, identificado como N.º 080/25, establece la suspensión de pagos y obligaciones contractuales del Estado Provincial contraídas antes del 30 de junio de 2025, con varias excepciones que incluyen el pago de salarios ordinarios, aportes previsionales, deuda pública formal y servicios esenciales.
Según el artículo 1º, la emergencia alcanza a toda la Administración Pública Provincial, entes descentralizados, empresas del Estado y organismos en los que el Estado tenga participación mayoritaria. Sin embargo, se aclara que la medida no habilita recortes salariales ordinarios ni afecta a las negociaciones colectivas del personal.
Entre los puntos destacados del proyecto:
-
Artículo 3°: Suspende los pagos de obligaciones previas a la ley, salvo salarios, aportes a la obra social, servicios básicos y deuda financiera estructurada.
-
Artículo 4°: Se suspenden las ejecuciones judiciales, medidas cautelares y laudos arbitrales contra la provincia.
-
Artículo 7° y 8°: Se faculta al Ejecutivo a extinguir contratos y renegociar deudas, incluyendo la posibilidad de compensaciones y refinanciaciones.
-
Artículo 10°: Se suspende el ingreso de personal al Estado, excepto para cubrir vacantes legales.
-
Artículo 15°: Declara esenciales los comedores escolares, garantizando su funcionamiento obligatorio.
El gobernador Ignacio Torres firma la iniciativa, junto al ministro de Gobierno Dr. Victoriano Eraso Parodi. Además, se invita a los municipios y comisiones de fomento a adherir a la ley.
La iniciativa fue recibida el 12 de junio de 2025 por la Mesa de Entradas de la Honorable Legislatura del Chubut y podría ser tratada en las próximas sesiones. Desde el Ejecutivo afirman que el proyecto busca garantizar la “sustentabilidad financiera y el orden de las cuentas públicas”, priorizando el funcionamiento de los servicios esenciales y la equidad entre acreedores.
