El exministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exfiscal, Daniel Báez, rompió el silencio y lanzó duras críticas al actual funcionamiento del máximo órgano judicial de la provincia. En una entrevista concedida a medios radiales, denunció que los ministros vigentes habrían aprobado “autoaumentos de sueldo por fuera de la ley de Porcentualidad” y que estos acuerdos fueron deliberadamente ocultados a la ciudadanía.
“Tuve acceso a las acordadas 5352, 5456 y 5468. En ellas se dispusieron privilegios como secretarios privados, tarjetas corporativas, teletrabajo y la renovación del parque automotor, además de aumentos salariales de hasta un 60% para la presidencia. Todo esto sin transparencia ni control externo”, aseguró Báez.
El exjuez expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado la institución:
“Cuando yo integré el Tribunal, entre 2021 y 2024, primaba la austeridad y la prioridad era dotar de recursos a los juzgados de paz. Hoy se observa un retroceso institucional: no solo se otorgan beneficios cuestionables, sino que se lo hace de forma unilateral y opaca.”
Sueldos millonarios y beneficios exclusivos
Según sus estimaciones, los aumentos aprobados en acuerdos internos llevaron el salario del presidente del Superior Tribunal a superar los 10 millones de pesos mensuales, en contraposición a lo que estipula la ley vigente que ata los incrementos salariales judiciales a los aumentos dispuestos por la Corte Suprema.
Además, denunció que se adquirieron nuevas camionetas, pese a que el parque automotor ya había sido renovado durante su gestión:
“En mi mandato se compraron algunas unidades por necesidad operativa. Hoy no se justifica una nueva compra, pero lo más preocupante es que todo esto se aprobó y se ocultó.”
“No somos privilegiados”
Báez también cuestionó la creación de cargos de secretarios privados para cada ministro, una figura inédita en la historia judicial de Chubut:
“Nunca existieron esos cargos en nuestro Poder Judicial. Había relatores y funcionarios técnicos, pero ahora se crean puestos nuevos sin justificación. Un ministro incluso llegó a decir ‘¿qué soy yo, un poronga?’ reclamando su secretario. Ese nivel de argumentación muestra el desvío institucional en el que están.”
Finalmente, Báez recordó que durante su gestión las decisiones se tomaban en conjunto, en diálogo con los gremios, y con total acceso público a las actas.
“La página del Poder Judicial tenía una sección donde se publicaban todas las decisiones del Superior Tribunal. Hoy esos acuerdos están escondidos.”
La denuncia de Báez no solo expone un grave retroceso institucional, sino que reaviva el debate sobre el control, la transparencia y los privilegios en los poderes del Estado, en un contexto provincial marcado por la crisis económica y la demanda de mayor responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
