Con más de 113 barcos amarrados en distintos puertos del país y sin salir a faenar, el presidente de la Cámara Argentina de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, trazó un panorama crítico de la situación actual y apuntó directamente al convenio colectivo vigente, al que calificó de “obsoleto y desactualizado”.
Una actividad paralizada por falta de acuerdo
“Hoy no se está saliendo a pescar. La prospección no se hizo. Las pérdidas ya superan los 200 millones de dólares si se compara con el mismo período del año pasado”, afirmó De la Fuente en una entrevista radial. El conflicto gira en torno a la negativa del gremio SOMU a renegociar un convenio colectivo que rige desde hace más de dos décadas y que, según las cámaras empresarias, ha quedado completamente desfasado respecto del contexto actual.
Las empresas denuncian que los valores de referencia con los que se liquida la producción están anclados en parámetros de otro tiempo: cuando el kilo de langostino se vendía a más de 12 dólares, mientras que hoy ronda los 5,50, con costos operativos que superan los 6,50 dólares por kilo.
Una presentación formal ante la Nación
Ante la falta de avances en las negociaciones con el gremio, CAPIP presentó una denuncia parcial del convenio colectivo de trabajo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, así como también ante los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano. “No hubo soluciones mágicas ni tampoco voluntad de diálogo del otro lado. Nos negaron la posibilidad de debatir en una mesa técnica”, lamentó De la Fuente.
El líder empresarial sostuvo que el sector necesita una adecuación urgente de su estructura de costos para volver a ser competitivo: “Estamos hablando de la sustentabilidad no solo del recurso biológico, sino también de la sustentabilidad económica y laboral del sector”.
Tensión con el gremio y reclamos cruzados
Desde el SOMU, gremio de los trabajadores marítimos, la postura ha sido inflexible: no aceptar ninguna modificación del convenio. De la Fuente advirtió que esta negativa está poniendo en riesgo toda la cadena productiva. “No se puede trabajar con un convenio de hace 20 años. Todo ha cambiado: el caladero, el mercado, los costos. Si no hay diálogo, esto se va a profundizar”, señaló.
El empresario también mencionó que, pese a la parálisis, las empresas siguen pagando sueldos básicos y manteniendo compromisos, lo cual agrava aún más la situación financiera del sector.
El impacto económico y social de la inactividad
A la pérdida de divisas se suma un fuerte golpe al empleo y a las economías regionales. “Esta industria derrama en salarios, tributos, servicios indirectos. Hay cientos de familias esperando que se reactive la pesca. No es momento para orgullo sindical ni para mezclar cuestiones políticas”, advirtió.
En referencia a las protestas del gremio, como los cortes de ruta en Puerto Madryn, De la Fuente pidió prudencia: “La gente está cansada, lleva meses sin trabajar. Hay que ser responsables con lo que se comunica”.
El futuro de la negociación
La denuncia formal del convenio colectivo ya está en manos de la Secretaría de Trabajo, que deberá decidir cómo proceder. El proceso, sin embargo, no será inmediato. “La solución no es local ni municipal. Este es un conflicto de escala nacional que debe resolverse en la órbita correspondiente”, sostuvo De la Fuente, quien enfatizó que la voluntad empresaria de diálogo sigue intacta: “Si la otra parte no se sienta a discutir, esto va a ser imposible de resolver”.
