La tensión entre los trabajadores judiciales de la provincia y el Superior Tribunal de Justicia alcanzó un nuevo pico en los últimos días, luego de que salieran a la luz aumentos salariales otorgados a los ministros del tribunal, en medio de un contexto de crisis económica y reclamos salariales insatisfechos por parte del personal.
Gabriela Huenchual, secretaria general del SITRAJUCH, denunció que mientras los empleados judiciales aceptaban aumentos mínimos —como el último 2,5% otorgado bajo justificaciones de “falta de fondos”— los ministros del Superior Tribunal se autoadjudicaron incrementos que alcanzan hasta un 60% en el caso del Presidente, 45% para los vicepresidentes y 30% para el resto.
Los aumentos bajo la lupa
Huenchual detalló que los incrementos fueron aplicados mediante acordadas internas —muchas de las cuales no se encuentran publicadas ni accesibles al público, a pesar de tratarse de actos administrativos— y que estos haberes se perciben por fuera del recibo oficial, lo que vulnera la Ley de Porcentualidad vigente desde 2005.
La dirigente sindical explicó que los aumentos no sólo impactaron sobre los sueldos básicos, sino sobre todos los conceptos remunerativos, incluyendo ítems como zona desfavorable y permanencia en el cargo. A su vez, aseguró que los últimos aumentos fueron retroactivos al mes de febrero, algo que el personal judicial sólo supo una vez que ya se había liquidado el pago.
Desigualdad y reclamos postergados
“Nosotros venimos reclamando el pago del 11,8% que quedó pendiente del año 2023, algo que está completamente dentro del marco legal y de la ley de Porcentualidad. No pedimos nada más que eso”, enfatizó Huenchual. Además, aclaró que mientras los trabajadores judiciales sostenían una postura de comprensión ante la crisis fiscal, las autoridades judiciales tomaban decisiones contradictorias que, según sus palabras, “son avergonzantes e intolerables”.
La tensión escaló aún más con la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria sin notificar previamente al gremio. El SITRAJUCH, si bien retomó sus tareas este miércoles, no acató formalmente la conciliación, al considerarla una intromisión indebida de un poder del Estado sobre otro.
Falta de transparencia y señalamiento a nuevos nombramientos
Otro de los puntos críticos señalados por Huenchual fue la falta de acceso a la información pública, como las acordadas del tribunal, de las cuales al menos 16 no se encuentran publicadas. También denunció el ingreso de personal sin concurso, en su mayoría provenientes del ámbito político, y la asignación de secretarios privados a ministros en funciones, con recursos estatales.
Además, la dirigente gremial mencionó que tras la difusión pública del escándalo, el Presidente del STJ, Mario Vivas Raidan, habría removido de sus puestos a trabajadores del área de Comunicación y Protocolo, acusándolos de ser responsables de filtrar información. “Esto parece una caza de brujas. Estamos viendo un manejo oscuro, alejado de la transparencia que debería regir en el Poder Judicial”, expresó.
¿Y ahora qué?
El sindicato analiza en asambleas cómo continuará su plan de lucha. “El reclamo sigue vigente. No iniciamos este conflicto nosotros, pero tampoco vamos a permitir este atropello. Exigimos el respeto por la ley, por la transparencia y por los derechos de los trabajadores judiciales”, concluyó Huenchual.
