Eduardo Pérez, subsecretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo del Chubut, advirtió que sin una solución inmediata se verá gravemente afectada la capacidad operativa de los cuarteles. “El sistema va a quedar desfinanciado y, lo más preocupante, la población va a quedar descubierta ante emergencias”, afirmó.
El fallo judicial y sus consecuencias
La decisión del Ministerio de Economía de la Nación, avalada por la Justicia, establece que no se puede incluir en las facturas de servicios conceptos que no correspondan directamente a los mismos. Es decir, si una cooperativa presta servicios de luz o agua, no puede incluir tasas por otros conceptos, como el aporte a los bomberos o las tasas municipales.
“El Ministerio dijo: pueden cobrar lo que quieran, pero no a través de una factura de un servicio que no lo contempla. Y la justicia le dio la razón”, explicó Pérez, quien aclaró que si bien la medida puede tener lógica desde el punto de vista normativo, no contempla la fragilidad financiera del sistema de bomberos.
El efecto es inmediato: los cuarteles pierden su principal fuente de ingresos, lo que ya llevó a algunos a suspender servicios como rescates menores o asistencia en incendios de baja gravedad. Como graficó el jefe de un cuartel recientemente: “Si antes íbamos a rescatar un gato de un árbol o a sofocar un contenedor, ahora eso se terminó”.
Una reunión clave y la búsqueda de un “Plan B”
Pérez, quien tiene una trayectoria de 40 años en los bomberos voluntarios, aseguró que se está trabajando activamente para encontrar soluciones. “Mañana tendremos una reunión muy importante con el Ministro de Gobierno, el Ministro de Seguridad y la Federación de Bomberos del Chubut para analizar opciones. La prioridad es sostener el sistema”, adelantó.
Entre las alternativas que se barajan figura la posibilidad de buscar otros canales de recaudación, como nuevos convenios municipales, aportes provinciales o incluso integrar el cobro a otros impuestos como el inmobiliario. No obstante, Pérez advirtió: “No es lo mismo. La factura de servicios era un mecanismo práctico y efectivo. Reemplazarlo va a ser difícil y menos eficiente”.
Además, se evalúa una nueva presentación judicial, buscando una reinterpretación del fallo o una solución transitoria que permita mantener el financiamiento mientras se construye una vía alternativa.
Un problema estructural, no sólo administrativo
Para el funcionario, este no es un problema meramente administrativo. Es estructural y requiere una discusión profunda sobre el financiamiento de servicios esenciales que no son rentables, pero que cumplen un rol vital: “El bombero voluntario es el brazo armado de la Defensa Civil. Si no tiene recursos, el sistema no funciona”, sentenció.
Pérez también hizo hincapié en que en ciudades más grandes, donde los cuarteles deben tener personal rentado y equipamiento permanente, los costos mensuales pueden superar los 40 o 50 millones de pesos. Sin ingresos estables, esos números son imposibles de sostener.
