La reciente resolución del Gobierno Nacional que limita los beneficios del régimen de subsidios para las zonas frías generó fuertes críticas y preocupación en sectores del interior del país, especialmente en la región patagónica. El diputado provincial y ex intendente de Esquel, Sergio Ongarato, expresó su rechazo a la medida y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para miles de familias en zonas con climas rigurosos.
La disposición, publicada en el Boletín Oficial, establece que los usuarios residenciales que cuenten con más de un medidor de gas o energía eléctrica mantendrán el subsidio del 50% solo en uno de ellos. El resto pasará a recibir el descuento estándar del 30%, afectando a aproximadamente 138.000 beneficiarios en todo el país.
“Esto es solo la punta del iceberg. No es la primera vez que se pone el foco en los subsidios patagónicos con el argumento de que lo paga todo el país. Pero quitar estos beneficios sin un análisis profundo es desconocer la realidad climática y socioeconómica de regiones como la cordillera de Chubut”, señaló Ongarato.
Una visión centralista
El legislador criticó lo que consideró una mirada “ambacentrista” por parte del Ejecutivo Nacional. “Se toma la decisión desde Buenos Aires, donde no se viven temperaturas bajo cero ni la necesidad de calefaccionar permanentemente los hogares. Les diría que vengan a pasar un invierno a la cordillera y traten de vivir con dignidad sin calefacción”, sostuvo.
También recordó que el régimen de zona fría fue concebido como una herramienta para promover el arraigo y el desarrollo de regiones alejadas de los grandes centros urbanos, donde el clima es extremo y el costo de vida es más alto.
Impacto en sectores vulnerables
Ongarato alertó que la medida podría afectar a jubilados, personas con discapacidad, electrodependientes y hogares de bajos ingresos, incluso cuando hayan accedido a más de una propiedad con esfuerzo propio. “Muchos adultos mayores tienen una vivienda de alquiler como ingreso complementario. Hoy cobran la mínima y viven con lo justo. Este recorte los perjudica directamente”, explicó.
Asimismo, cuestionó la legalidad de la medida: “Una resolución de una Secretaría no puede modificar una ley nacional. Esto debería debatirse en el Congreso. Lo que se está haciendo es alterar por vía administrativa lo que fue consagrado por ley”.
Un llamado a revisar la decisión
Finalmente, el diputado hizo un llamado a revisar la medida y a generar un debate más federal y equilibrado: “Este tipo de decisiones no pueden tomarse desde un escritorio en Capital Federal sin conocer la realidad del interior. Hay que volver a dialogar con los territorios, escuchar a los vecinos y construir políticas públicas que tengan sentido en todo el país”.
La resolución ya generó reacciones en distintos puntos de la Patagonia y se anticipan presentaciones formales y pedidos de revisión en el Congreso Nacional.
