Los gremios del transporte agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declararon el estado de alerta y anunciaron posibles paros sorpresivos durante el mes de junio, en respuesta al decreto 340/2025 del Poder Ejecutivo, que amplía el listado de actividades esenciales y obliga a garantizar un servicio mínimo del 50% en casos de huelga.
La medida fue recibida con fuerte rechazo por parte de los sindicatos, quienes la consideran una restricción al derecho de huelga y una vulneración a las libertades sindicales. Desde la CATT advirtieron que la norma “avasalla derechos fundamentales” protegidos tanto por la Constitución Nacional como por los convenios internacionales de la OIT.
Reacción de la CGT
La Confederación General del Trabajo (CGT) acompañó la postura de los gremios del transporte y presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la aplicación del decreto, alegando que el Gobierno incurre en un “exceso de poder reglamentario” y busca limitar la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos de protesta y reclamo.
“El artículo 14 bis de la Constitución garantiza el derecho de huelga. Lo que está haciendo el Gobierno es intervenir sobre una potestad que es exclusiva de los trabajadores organizados”, señalaron desde la central obrera.
Impacto previsto
Los gremios que integran la CATT —entre ellos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), La Fraternidad, Aeronavegantes, y Portuarios— no descartaron aplicar medidas de fuerza de manera sorpresiva, lo que podría provocar fuertes interrupciones en trenes, subtes, colectivos, vuelos y transporte de carga en todo el país.
Además del conflicto por el decreto, persisten los reclamos salariales en varios sectores. La UTA, por ejemplo, exige un salario base de 2,5 millones de pesos para los choferes de corta y media distancia, en medio de una inflación sostenida y una caída del poder adquisitivo.
La postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo defendieron la medida al sostener que busca garantizar servicios básicos para la ciudadanía, particularmente en sectores críticos como la salud, el transporte y la seguridad. El vocero presidencial indicó que el decreto se enmarca en una política de “orden y previsibilidad para la población” y que no implica la anulación del derecho a huelga, sino su “regulación proporcional”.
