Eduardo Molina, representante del sector farmacéutico, expresó su preocupación ante una nueva desregulación impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, que permite el ingreso y la comercialización de productos cosméticos sin los controles sanitarios adecuados. Según indicó, esta flexibilización puede generar serios riesgos para la salud pública.
“La cosmética no es un tema menor. Actúa directamente sobre la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo humano. Si permitimos el ingreso de productos sin control, estamos poniendo en riesgo la salud de las personas”, advirtió Molina. En ese sentido, remarcó que, si bien los productos cosméticos no son medicamentos, pueden contener principios activos que los conviertan en potencialmente nocivos si no se regulan debidamente.
Molina sostuvo que las funciones de control deben seguir siendo competencia de los organismos sanitarios, y no estar subordinadas a intereses comerciales. “No podemos permitir que por una cuestión de mercado se flexibilicen controles esenciales para la salud”, subrayó.
En relación con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que introdujo importantes cambios en el sector, Molina recordó que la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) presentó una medida cautelar que fue recientemente aceptada, frenando los artículos del DNU que desregulaban la actividad farmacéutica (del 313 al 324). Esto implica que, en jurisdicciones donde no existía una ley provincial de farmacias, se había abierto la puerta a la venta de medicamentos en lugares no habilitados, lo cual quedó anulado con la resolución judicial.
En la provincia de Chubut, donde rige una ley específica de ejercicio de la farmacia, nunca se permitió legalmente la venta de medicamentos fuera de las farmacias. No obstante, Molina reconoció que existen casos de comercio ilegal y reiteró que esta práctica constituye un delito penal, según lo establecido por el Código Penal argentino.
Asimismo, citó casos recientes en la provincia de Buenos Aires, donde se han incautado medicamentos vendidos en locales no autorizados y se han iniciado causas penales contra los responsables.
“Hay desconocimiento, pero también hay incumplimiento. La venta de medicamentos debe realizarse exclusivamente en farmacias habilitadas. No se trata solo de una infracción administrativa, sino de un delito penal”, concluyó Molina.
