El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que desregula el mercado de cabotaje fluvial y marítimo en Argentina. La norma busca reactivar un sector que, según el gobierno, fue “puesto en terapia intensiva” por décadas de intervencionismo estatal, especialmente durante los gobiernos kirchneristas.
El DNU modifica el Decreto Ley 19.492 de 1944, junto a las leyes 20.094, 27.418 y 27.419, en un intento de modernizar el marco regulatorio y adaptarlo a las condiciones competitivas del transporte regional e internacional. La medida fue celebrada por el economista y funcionario Federico Sturzenegger, quien explicó los alcances de la reforma en sus redes sociales, destacando que “rescata el espíritu constitucional” de libre navegación establecido en el artículo 26 de la Constitución Nacional.
Hacia un cabotaje más competitivo
La normativa permite, entre otras cosas, que buques extranjeros puedan operar como si fueran de bandera argentina. Esto implica que una embarcación extranjera, como una barcaza paraguaya, podrá matricularse en el país y participar en el comercio interior. Aunque deberán estar tripuladas en un 75 % por argentinos o residentes, los contratos laborales podrán regirse por la legislación del país de origen del buque.
Asimismo, los armadores nacionales podrán optar por un “cese de bandera”, operando cabotaje bajo banderas de conveniencia, lo que les permitirá contratar tripulación bajo condiciones más flexibles. Esta medida elimina la necesidad de acuerdos sindicales para conformar la dotación del buque, una práctica que, según Sturzenegger, favorecía la extorsión y aumentaba los costos operativos innecesariamente.
“Ahora la dotación la elige el armador, que es quien opera la nave e invirtió en ella”, explicó el funcionario. No obstante, la Prefectura Naval Argentina seguirá teniendo facultades para establecer dotaciones mínimas de seguridad.
Medidas complementarias
El DNU también amplía de 30 a 60 días el plazo por el cual los buques de tráfico internacional pueden realizar cabotaje en territorio argentino. Esta medida está orientada a facilitar el comercio interprovincial por agua, reduciendo el uso excesivo de transporte terrestre. “Es insólito que hoy las mercaderías de Tierra del Fuego, por ejemplo, viajen al continente en camión”, señaló Sturzenegger.
Además, se agiliza la inscripción y baja de buques en la matrícula nacional y se eliminan restricciones para el funcionamiento de talleres navales, en un intento por reducir trabas burocráticas y estimular la inversión privada en el sector.
Un ciclo de reformas en transporte
Con esta medida, el gobierno afirma haber cerrado el ciclo de reformas estructurales en transporte, que ya abarcó los sectores aéreo y terrestre. “La reforma del transporte es un paso clave para bajar el costo argentino”, sostuvo Sturzenegger.
El funcionario también recordó que en los años 90, bajo la presidencia de Carlos Menem, el sector había alcanzado altos niveles de competitividad, pero que luego el kirchnerismo revirtió la desregulación y llevó al cabotaje a un estado crítico. “Veinte años después quedaban menos de 20 buques en el tráfico de cabotaje”, lamentó.
Trabajo técnico y consenso sectorial
El DNU fue fruto de un trabajo técnico que se extendió por más de seis meses y contó con la participación de múltiples actores. Entre ellos, se destaca el impulso inicial del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, junto a Cristian Rigueiro. También participaron funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, como Héctor Huici, Maximiliano Farina e Iván Rvok, y expertos en derecho de navegación como Guillermo Francos.
Sturzenegger subrayó que se trató de un proceso de diálogo con los sectores involucrados, convencidos de que “un país sin cabotaje competitivo no es viable y que algo tenía que cambiar”.
