Con la publicación de los decretos delegados 344, 345 y 346/25 y el Decreto 347/25, el presidente Javier Milei inició una ambiciosa reestructuración del aparato estatal que implicará la disolución, fusión o transformación de más de 40 organismos públicos. El anuncio fue realizado por el economista y actual funcionario Federico Sturzenegger a través de sus redes sociales, donde detalló el alcance y los fundamentos de esta medida.
Según explicó Sturzenegger, esta reforma apunta a reducir el gasto público, eliminar duplicidades y poner fin a lo que calificó como “décadas de despilfarro, descontrol y expansión injustificada de estructuras estatales”. En la actualidad, existen 111 organismos en el ámbito del Estado nacional: 71 descentralizados —con autonomía financiera, administrativa y patrimonio propio— y 40 desconcentrados —con autonomía técnica y funcional, pero sin autonomía financiera ni patrimonial—.
El funcionario criticó especialmente el crecimiento de los organismos descentralizados, a los que señaló como herramientas del kirchnerismo para “generar caja” a través de tasas, multas y trámites innecesarios. “Con la excusa de autofinanciarse, alimentaban una burocracia que se reproducía sin control”, denunció.
Los datos presentados son contundentes: desde 1983, la cantidad de organismos descentralizados y desconcentrados creció más de un 150%, y actualmente concentran más de 80.000 empleados, lo que representa casi la mitad del personal de la Administración Pública Nacional (APN). Desde 2010, la plantilla de estos organismos creció un 148%, mientras que la administración central lo hizo apenas un 33%.
Además, estos organismos suman más de 477 autoridades superiores y 5.683 unidades organizativas, muy por encima de las 196 autoridades y 2.931 unidades que integran la administración central.
“La administración pública había llegado a un nivel de desorganización estructural que hacía urgente una revisión integral”, afirmó Sturzenegger. También destacó el rol del Congreso, que habilitó esta reforma mediante una delegación legislativa, así como la coordinación entre el gabinete nacional y el equipo de Legal y Técnica, que trabajó en el diseño normativo de los decretos.
“La motosierra se profundiza para dar mejores servicios y devolverle su dinero a los ciudadanos”, cerró el funcionario, alineado con la narrativa del oficialismo que promueve un Estado más chico y eficiente.
