El Consejo Federal Pesquero (CFP) inició este miércoles una doble jornada decisiva en la que definirá aspectos centrales para el futuro inmediato de la pesca en Argentina. Con foco en dos de las especies de mayor impacto económico —el langostino (Pleoticus muelleri) y el calamar Illex argentinus—, las resoluciones que surjan de estas reuniones marcarán el rumbo operativo, comercial y laboral del sector para los próximos meses.
Por el lado del calamar, las noticias son alentadoras. La campaña 2025 avanza con buenas capturas que ya superan las 162.000 toneladas, con ejemplares de calidad y sin señales de agotamiento biológico, según informes técnicos. La flota opera principalmente entre las isobatas de 120 a 200 metros, desde la altura de Mar del Plata hasta Península Valdés. Esta continuidad productiva será uno de los puntos a debatir, aunque todo indica que podría extenderse si las condiciones lo permiten.
El panorama para el langostino argentino, en cambio, es mucho más complejo. Con fuertes divisiones internas entre las cámaras empresarias, presiones gremiales y dudas económicas, la apertura de la zafra en aguas nacionales dentro de la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM) aún no tiene fecha confirmada.
Aunque varias cámaras fresqueras habían comunicado su decisión de no operar hasta alcanzar acuerdos paritarios, en los muelles se observa movimiento de buques alistando tangones, lo que refleja la contradicción entre el discurso oficial del empresariado y los preparativos reales en puerto. El mercado, además, muestra signos de debilidad: los valores oscilan entre USD 1.60 y 2.00 por kilo, con un precio de referencia en torno a los USD 1.80, muy por debajo de campañas anteriores.
En medio de este escenario, el CFP evalúa una propuesta de prospección entre el 20 y el 26 de mayo, aunque la decisión final dependerá del diseño técnico que realice el INIDEP. Por ahora, se baraja una prospección de norte a sur, sin participación de la flota congeladora, en un esquema similar al implementado en 2020.
Además de los factores biológicos, en la mesa de discusión también pesan las negociaciones salariales con la marinería, que ya tensan la relación con el SOMU y podrían escalar en los próximos días con la incorporación de capitanes y maquinistas a la mesa gremial. La falta de acuerdo salarial ya generó cuartos intermedios, sin avances, y un clima de creciente incertidumbre en el sector.
Una ley que inquieta al sector
En paralelo a estas definiciones técnicas y económicas, la política pesquera también se discute en el Congreso. La Ley de Trazabilidad Pesquera, impulsada por la senadora Edith Terenzi, avanza hacia dictamen en comisión con respaldo de SENASA y sectores ambientalistas. La iniciativa busca garantizar el seguimiento completo del producto desde su origen hasta la comercialización, pero ha despertado fuertes críticas en el sector empresarial, especialmente en Mar del Plata, donde se teme una doble carga regulatoria al ya existente sistema SiFIPA.
Desde la industria, advierten que el proyecto podría aumentar los costos y burocratizar aún más una actividad que ya enfrenta serios problemas de rentabilidad, particularmente en el eslabón primario y de procesamiento.
